Gobierno deniega giro de ¢8.700 millones para nuevos fiscales e investigadores
El ministro de Hacienda, Rudolf Lucke, defiende la medida en el tanto que los recursos adicionales tienen su origen en rebajas a la subpartida de pago de intereses de la deuda pública.
El Gobierno de la República denegó un traslado de ¢8.688 millones para nuevas plazas en el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Mediante el oficio MH-DM-OF-0044-2026, del que Teletica.com tiene copia, el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, comunicó el 19 de enero anterior al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, que los recursos los va a mantener en estado de no ejecución, en el tanto que no están contemplados en la programación financiera del primer trimestre de 2026.
Esto en el tanto que esos fondos, aprobados por la Asamblea Legislativa, provienen de rebajas aplicadas a subpartidas destinadas al pago de intereses de la deuda interna, explicó el jerarca en la misiva. El uso de esos fondos está constitucional y legalmente delimitado.
La carta responde a un oficio que seis días antes había enviado Aguirre a Lücke, en el que le advertía sobre las repercusiones que una determinación en ese sentido podía tener.
"Dicha decisión genera un impacto directo y demoledor en los planes de trabajo de la Fiscalía y la Policía Judicial, en su esfuerzo por combatir la criminalidad organizada y sus distintas manifestaciones, que afectan gravemente la vida cotidiana de la ciudadanía", dice el documento.
El magistrado entonces llevó el tema a la Corte Plena, donde este lunes se acordó solicitar una reunión a la cartera, para insistir en la urgencia del giro de los recursos.
Con esos fondos se pretenden financiar 176 plazas en el Organismo de Investigación Judicial y 99 en el Ministerio Público. Se espera que esos puestos sean ocupados por fiscales, investigadores, técnicos especializados y personal operativo.
Precisamente, el fiscal general Carlo Díaz ya había alertado de una insuficiencia de talento humano que limita la capacidad institucional para cumplir con los plazos procesales establecidos en la legislación penal. Frente a esta situación, el jefe del Ministerio Público advirtió de un incremento en el riesgo de prescripciones, retrasos en audiencias y eventuales responsabilidades disciplinarias o patrimoniales para el Estado.
En cambio, director general interino la Policía Judicial, Michel Soto, reiteró que las plazas aprobadas en la Ley de Presupuesto Ordinario 2026 estaban orientadas a la puesta en operación y fortalecimiento de sedes estratégicas, como La Cruz, Tamarindo–Tempate–Cabo Velas y Puerto Jiménez, así como al refuerzo de las labores de custodia de detenidos.
Dichas delegaciones —enfatizó el jefe del Organismo de Investigación Judicial— no constituyen simples puntos administrativos, sino zonas estratégicas altamente expuestas a dinámicas criminales complejas. Ello incluye estructuras organizadas, movilidad transnacional, control de rutas, violencia instrumental y asentamientos operativos.
Los altos jueces enfatizaron en la necesidad de que se trasladen los recursos y defendieron que desde el Poder Judicial se han tomado “acciones concretas” para agilizar procesos penales, reducir el rezago judicial y combatir la delincuencia.
Sobre el particular, este medio mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de Hacienda.
