Por Deutsche Welle |20 de marzo de 2024, 5:43 AM

El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció este martes a favor del Estado de Texas, aprobando la entrada en vigor de una ley contra la migración que permite a la Policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos y que había sido bloqueada ayer.

Un dividido tribunal tomó la decisión de desbloquear la aplicación de la legislación mientras se dirime la batalla legal emprendida por la administración del presidente Joe Biden y defensores de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alegan que la iniciativa es inconstitucional.

Este martes los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en efecto mientras se da un fallo final en el caso. La decisión de permitir que la ley entrara en vigor generó, no obstante, el desacuerdo de los jueces liberales Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor.

Hasta 20 años de prisión para reincidentes

La ley, una de las medidas antiinmigración más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero "ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera" de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.

Rechazo gubernamental

El Gobierno de México y la Casa Blanca rechazaron este martes la decisión de la Corte Suprema.

"México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano", expuso en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Al respecto, la Cancillería mexicana cuestionó las disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, pues dijo, eso genera ambientes hostiles en los que la comunidad migrante está expuesta "a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial".

"México reitera su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio", apuntó la Cancillería.

Señaló que reconoce la importancia de una política uniforme en materia migratoria y los esfuerzos bilaterales con Estados Unidos para que la migración de personas sea de manera segura, ordenada y con respeto a sus derechos humanos, y que no se vea afectada por decisiones legislativas del orden estatal o local.

"En ese sentido, México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas", enfatizó.

Asimismo, adelantó que como parte de las acciones para velar por los intereses de México y sus nacionales en Estados Unidos, el Gobierno mexicano participará como Amigo de la Corte ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, ubicada en Nueva Orleans, Luisiana.

Esto, con el fin de acercar información relevante sobre el impacto que dicha ley tendrá en la comunidad mexicana y/o mexicoamericana, así como su efecto en las relaciones entre México y Estados Unidos.

Por su parte, La Casa Blanca, en un comunicado, divulgado por la portavoz del Gobierno de Joe Biden, Karine Jean-Pierre, criticó la decisión de los magistrados del máximo tribunal y tildó la legislación SB4 de "inconstitucional".

La normativa "no solo hará que las comunidades en Texas estén más inseguras, sino que supondrá una carga para las autoridades locales, sembrará el caos y la confusión en nuestra frontera sur", señaló.

La jefa de prensa de la Casa Blanca añadió que la legislación, que fue aprobada por el Congreso estatal de Texas el año pasado, es un ejemplo de la "politización de la frontera por parte de los republicanos".

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