Por Deutsche Welle 22 de mayo de 2026, 16:29 PM

A poco más de una semana de las próximas elecciones presidenciales en Colombia, Gustavo Petro, del Pacto Histórico, se acerca al final de su mandato con un balance marcado tanto por reformas impulsadas, como por fuertes cuestionamientos en seguridad y gobernabilidad.

Mientras sus críticos consideran que su gestión estuvo marcada por el deterioro de la seguridad y la confrontación política, otros destacan que el primer gobierno de izquierda del país abrió debates inéditos y representó una alternativa frente a décadas de dominio político de alternancia entre liberales y conservadores.

"Creo que el Gobierno de Gustavo Petro tiene claros y oscuros, pero, en el balance, son más las cosas que generan preocupación que las que se pueden aplaudir", comenta a Deutsche Welle Leopoldo Fergusson, profesor titular de la Universidad de los Andes.

Según el académico, Petro comenzó su mandato con una estrategia relativamente pragmática y logró construir acuerdos con distintos sectores políticos. Sin embargo, considera que el clima político se deterioró con el tiempo. "El país se fue polarizando, poco a poco, fue más difícil sacar iniciativas dentro del Congreso", destaca.

Aun así, el economista reconoce algunos avances. Entre ellos, menciona la reforma tributaria, con "componentes interesantes y positivos", la aprobación de la reforma pensional y la decisión de desmontar gradualmente los subsidios a la gasolina, una medida que califica de "valiente".

Más críticas despierta, en cambio, la política sanitaria. "La salud es uno de los problemas más graves del gobierno Petro", afirma. También considera que el clima de confrontación entre el Gobierno y sectores empresariales terminó afectando la inversión y la confianza económica en el país.

La paz total

Uno de los puntos más sensibles del balance del Gobierno es la seguridad y la llamada política de "paz total", una de las principales apuestas de Petro para negociar simultáneamente con grupos armados y organizaciones criminales.

Para Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, consultada por DW, el balance en esta materia es "muy malo, con gravísimos costos humanitarios para la población civil".

Según datos oficiales del Ministerio de Defensa y de la Defensoría del Pueblo de Colombia citados por Goebertus, entre 2022 y 2025 el secuestro aumentó un 191 por ciento, el reclutamiento de menores un 277 por ciento, el desplazamiento forzado un 15 por ciento, el confinamiento un 51 por ciento y los homicidios un 1,4 por ciento.

Los territorios más afectados fueron, según la experta, aquellos en disputa entre grupos armados y organizaciones criminales, como Cauca, Catatumbo, Guaviare y Caquetá. En otras regiones, añade, se ha producido una consolidación del control territorial de grupos ilegales.

Goebertus, nacida en la capital colombiana, atribuye este deterioro a "la ausencia de una política de seguridad y justicia efectiva", a los "efectos no deseados" de la política de paz total y a los retrasos en la implementación del acuerdo de paz de 2016. "La combinación de esos factores generó el caldo de cultivo perfecto para que los grupos armados y de crimen organizado afianzaran su control social y territorial", subraya.

Una visión similar comparte Glaeldys González Calanche, experta en la región andina de International Crisis Group. Según explica a DW, "uno de los principales problemas del gobierno Petro fue la débil coordinación entre la agenda de paz y la estrategia de seguridad".

"En el último año, el Gobierno intentó corregir el rumbo con más operaciones ofensivas e incluso retomó tácticas controvertidas como los bombardeos. Pero la reacción llegó tarde", señala a DW.

Y agrega, basándose en cifras de la Fundación Ideas para la Paz: "Para 2025, los grupos armados y criminales ya habían ampliado su presencia territorial y sumaban alrededor de 27.000 integrantes, unos 5.000 más que el año anterior".

Una mirada distinta para Colombia

Con todo, otros analistas tienen una visión menos crítica del Gobierno del mandatario saliente. Para Enrique Patiño, uno de los principales legados de Petro es haber introducido una alternativa distinta en un país históricamente dominado por los mismos sectores.

Pese al desgaste político, Petro mantiene además niveles importantes de respaldo ciudadano. Según una encuesta de Guarumo y EcoAnalítica publicada en mayo de 2026, la percepción positiva de su Gobierno se ubica en el 45,3 por ciento, a poco más de dos meses del fin de su mandato.

Patiño, originario de Santa Marta, considera que, a pesar de las dificultades y de la fuerte oposición política, el Gobierno sí deja algunos cambios relevantes, especialmente en materia de derechos humanos y en la imagen internacional de Colombia. Durante el mandato de Petro hubo, sin embargo, fuertes desencuentros con Donald Trump y recientes tensiones diplomáticas con países de la región, como Ecuador y Bolivia.

En el plano económico, Patiño también destaca algunos avances, aunque reconoce que muchas de las transformaciones prometidas no llegaron a concretarse. "El país siempre había votado entre dos partidos políticos tradicionales que se turnaban el poder sin propuestas realmente diferenciadoras", dice a Deutsche Welle. Y agrega: "El actual Gobierno de Colombia ha permitido tener una opción distinta, algo que el país nunca había tenido".

Boletín Teletica