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El asedio a la información libre en Nicaragua viene recrudeciéndose desde las convulsas protestas iniciadas en el país centroamericano en abril de 2018. Dos años después del estallido de la crisis, el cerco a la información se agrava, bajo la apariencia de legalidad, con dos leyes de aprobación reciente que afectan a la libertad de prensa. Por un lado, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada el 15 de octubre de 2020, que pretende controlar "las operaciones financieras y las actividades que realicen asociaciones, organizaciones nacionales o extranjeras, para poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua".

Para Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa(SIP), el objetivo de esta medida no es otro que "impedir el financiamiento de los partidos de oposición para los comicios de noviembre de 2021. En paralelo, perjudica a los medios que reciben ayuda de fundaciones", dice Jornet a Deutsche Welle. Por su parte, Enrique Sáenz, bloguero nicaragüense, colaborador diario de Radio Corporación y conductor de la plataforma de comunicación #Vamos al punto, advierte que esta ley "cercena los derechos políticos ciudadanos con la amenaza, incluso, de confiscar los bienes de quienes sean señalados de realizar actividades adversas al régimen".

Margen para perseguir a la prensa independiente

Por otro lado, el 27 de octubre de 2020 fue sancionada laLey Especial del Ciberdelito, conocida por opositores y prensa no oficial como "Ley Mordaza" o "Ley Bozal". La medida prevé que puedan ser castigados a entre dos y cuatro años de prisión "quienes usando la tecnología de la informática y de la comunicación publiquen o difundan información falsa y/o tergiversada que produzca alarma temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a su familia".

Según diputados oficialistas, la ley no violenta los derechos de libertad de expresión y de opinión. La diputada sandinista Maritza del Socorro Espinales aseguró en el Parlamento nicaragüense estar legislando "para que se nos respete a los ciudadanos, porque en las redes sociales acostumbran a calumniar y amenazar de muerte".

Pero el comunicador Enrique Sáenz advierte que lo que en realidad se persigue es "amordazar la libertad de expresión y de información". E incide: "El Gobierno se atribuye a sí mismo la facultad de falsificar la realidad e imponer la falsificación como verdad. Constituye delito todo lo que contradiga a la verdad oficial". Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, advierte que "la norma deja un amplio margen para que la Justicia del régimen persiga a la prensa independiente".

"Seguiré llevando información y análisis a la población"

El artículo 2 de la Ley de Ciberdelitos especifica que esta se aplicará dentro y fuera del territorio nacional, lo que "seguramente busca bloquear sitios de noticias que, ante las trabas para informar desde territorio nicaragüense, puedan radicarse en el exterior", explica Carlos Jornet, de la SIP.

Sobre este aspecto, Enrique Sáenz destaca que "los jerarcas del régimen saben que buena parte de los nicaragüenses residentes en el exterior, exiliados o no, ejercen una resistencia activa principalmente por medio de las redes sociales. Pretenden amordazarlos con la amenaza de que la ley se aplicará extraterritorialmente y que harán uso de la extradición. Esa medida solo sería factible con Gobiernos aliados del régimen. Difícilmente un Gobierno democrático se prestaría a las maquinaciones represivas de Ortega", opina Sáenz, que se encuentra exiliado en Costa Rica y asegura que no piensa doblegarse ante la nueva ley: "Seguiré haciendo lo que hago: llevar información y análisis a la población".

Malos tiempos para la prensa en Latinoamérica

En este contexto, Carlos Jornet recuerda que Nicaragua se ubica en los últimos lugares del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión, presentado recientemente por la SIP, solo por encima de Venezuela y Cuba, con 16 puntos sobre 100. "La llamada Policía Orteguista ataca a periodistas y les roba sus equipos. Y el diario La Prensa, único no ligado al oficialismo que sigue circulando, sufre periódicos ataques informáticos que dejan al portal fuera de servicio temporalmente", señala Carlos Jornet. "Las conclusiones de nuestra reciente Asamblea General señalan que, en el contexto de la pandemia, los ataques y presiones sobre la prensa no disminuyeron, sino que se agravaron”, agrega Jornet, quien además destaca que se sancionan o proyectan leyes similares a la nicaragüense de ciberdelitos, que tienen como objetivo perseguir la difusión de noticias falsas, en Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay y Perú.

Comunicadores nicaragüenses, como el propio Enrique Sáenz, incluso denominan la nicaragüense Ley de Agentes Extranjeros como "Ley Rusa", ya que aseguran que la norma se inspira en una medida del mismo nombre vigente en aquel país. Para Carlos Jornet, de la SIP, la comparación "tiene sus limitaciones, porque difieren los contextos políticos y sociales. Pero hay una matriz común en regímenes populistas del mundo entero: no aceptan la crítica, el debate de ideas, el control social que implica una prensa independiente".