Por Deutsche Welle 20 de febrero de 2026, 17:39 PM

El canciller alemán, Friedrich Merz, considera que regular las redes sociales podría ayudar a prevenir "déficits de personalidad y problemas en el comportamiento social de los jóvenes". 

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quiere proteger a la niñez del "salvaje oeste digital". Y el presidente francés, Emmanuel Macron, ha insistido en que "las emociones de nuestros niños y adolescentes no están en venta ni deben ser manipuladas".

Aunque ningún país europeo ha implementado plenamente una prohibición de redes sociales para menores, la intención es clara y en muchos lugares el proceso ya está en marcha. Noruega, Grecia, el Reino Unido, Dinamarca, Italia y los Países Bajos figuran entre los países que debaten algún tipo de restricción, mientras que la Unión Europea ha ido acercándose cada vez más a respaldar el principio.

Muchos gobiernos probablemente observarán la experiencia de Australia, que en diciembre de 2025 introdujo la primera prohibición a nivel mundial de redes sociales para menores de 16 años. 

Sitios como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube y Reddit - que ha presentado una demanda contra la prohibición - están ahora sujetos a restricciones de edad, pero los servicios de videojuegos en línea y de mensajería, como WhatsApp, no.

La comisionada de Seguridad Electrónica de Australia, Julie Inman Grant, informó que las empresas de redes sociales "eliminaron el acceso a unos 4,7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a menores de 16 años en la primera mitad de diciembre". A requerimientos de DW, no ha proporcionado cifras más recientes.

Las cifras principales no cuentan toda la historia

Tama Leaver, profesor de estudios de internet en la Universidad Curtin, en Perth, comenta a DW que las llamativas cifras, que han captado la atención en Europa, no necesariamente reflejan el panorama completo.

"No tenemos un desglose de ese número ni sabemos cuántas cuentas nuevas -posiblemente de adolescentes que fingieron ser mayores - se crearon en el mismo período", explica.

Leaver añade que, de forma anecdótica, "muchos jóvenes de entre 13 y 15 años parecen haber eludido la prohibición, mientras que otros fueron expulsados de algunas plataformas y no de otras". 

Esta observación está respaldada por informes de prensa y otros expertos. "A nivel técnico, las limitaciones y la naturaleza imprecisa de intentar verificar la edad mediante selfis y otras herramientas han resultado ser tan inexactas como la mayoría esperaba", indica Leaver.

¿Gobiernos demasiado apresurados en seguir a Australia?

La avalancha de países europeos - y de otras partes del mundo, como India y Malasia - interesados en seguir el ejemplo australiano sorprende a Susan Sawyer, del Instituto Murdoch de Investigación Infantil, el mayor centro de investigación en salud infantil de Australia.

"Esperaba que hubiera mucha más cautela y que se aguardaran los resultados de la prohibición australiana antes de que los gobiernos se lanzaran tan rápido", dice a DW. "No sabemos cuáles serán los efectos y necesitamos evaluarlos con cuidado. Los gobiernos deben evitar pensar que prohibir las redes sociales es una solución mágica a este problema".

Leaver aboga por una introducción escalonada de cualquier prohibición en otros países y por un período más largo y profundo de consulta con los propios niños.

¿Puede el modelo australiano funcionar en Europa?

Stephan Dreyer, del Instituto Leibniz de Investigación en Medios de Hamburgo, considera que Alemania y Europa no necesitan este tipo de prohibiciones.

Para Dreyer, la Ley de Servicios Digitales de la UE, aprobada hace un año, ya aborda muchas preocupaciones en materia de seguridad y, por la forma en que funciona el derecho europeo, obligar a las plataformas a hacer cumplir una prohibición en países individuales sería complicado. Aunque existen distintos mecanismos para alcanzar objetivos similares en Europa, considera que la evidencia aún no es concluyente.

"La lección para Europa es de cautela. Australia ilustra la brecha entre el atractivo político de una prohibición contundente y las complejidades técnicas y de derechos que implica su implementación. Verificar la edad a gran escala exige una infraestructura de control integral o sistemas probabilísticos de perfilado, y ambos enfoques suponen profundas injerencias en los derechos de todos los usuarios. 

Europa, con marcos más sólidos de derechos fundamentales y el Reglamento General de Protección de Datos, enfrentaría estas tensiones de forma aún más aguda. Debemos aprender de las dificultades australianas y no apresurarnos a replicarlas", concluye.

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