Excarcelaciones con cuentagotas: la libertad vigilada del postmadurismo

La comparecencia del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, este miércoles 28 de enero de 2026, dejó en claro que la hoja de ruta de la Casa Blanca para Venezuela —estructurada en tres fases: estabilización, recuperación y transición política— responde a una estrategia notablemente abierta y flexible, y con una alta dependencia operativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con quien Washington mantiene una relación de tutelaje pragmático y transaccional: "Estamos convencidos de que sus propios intereses se alinean con la consecución de nuestros objetivos más importantes", señaló Rubio, de forma optimista, en su intervención.

Asimismo, el Secretario de Estado, sostuvo ante el Comité del Senado que el "éxito o fracaso" del plan para Venezuela se mediría por "avances verificables". Entre los parámetros destacó como "requisito innegociable" la excarcelación de los presos políticos y la apertura del espacio cívico.

Sin embargo, a casi cuatro semanas de la operación de la captura y extracción de Nicolás Maduro, la distancia entre las expectativas y la realidad es evidente. Tal como se lo señaló a Rubio el senador demócrata Chris Murphy: "Un mes más tarde, no tenemos información sobre un cronograma para la transición democrática. La gente de Maduro sigue a cargo, la mayoría de los presos políticos siguen encarcelados, los que han podido salir tienen una mordaza legal y los líderes de oposición continúan en el exilio".

Lento proceso de liberaciones: solo 30 por ciento de excarcelaciones

Las cifras oficiales de excarcelaciones difundidas por el régimen y los datos verificables sobre el terreno divergen de forma significativa. Mientras el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, reporta 808 excarcelaciones, las organizaciones de derechos humanos que trabajan directamente con las víctimas describen un panorama muy distinto.

Martha Tineo, defensora de derechos humanos, abogada cofundadora y coordinadora general de la organización no gubernamental Justicia Encuentro y Perdón (JEP) —una de las principales ONG que documentan casos de presos políticos en Venezuela— explica: "Del 8 de enero a la fecha, que es el período que estamos contabilizando, porque entendemos que responde a la solicitud expresa de la administración norteamericana y al anuncio del día 8 hecho por Jorge Rodríguez, hemos podido verificar la excarcelación de solo 303 presos políticos de un universo de más de 1.000 presos políticos identificados, es decir, apenas un 30 por ciento ha sido excarcelado".

La considerable brecha entre los datos oficiales y las cifras recabadas por las organizaciones de derechos humanos responde a una estrategia de comunicación política destinada a proyectar ante la comunidad internacional, y en especial ante la Casa Blanca, un avance en las excarcelaciones más acelerado de lo que realmente ocurre. "Luego de hacer una revisión muy exhaustiva, nos dimos cuenta de que, de forma muy conveniente, el Gobierno está tomando unas excarcelaciones que ocurrieron en períodos previos —diciembre 2024 y diciembre 2025— y las están sumando a las que sí se produjeron en enero 2026", afirma la coordinadora de JEP.

Lo más preocupante, advierte Tineo, es que muchos medios internacionales están replicando estas cifras manipuladas, proyectándole al mundo una imagen falsa y distorsionada de la tragedia que aún continúan sufriendo los presos políticos venezolanos.

"Arquitectura de opacidad" de las excarcelaciones

La manipulación de las cifras oficiales por parte del Estado venezolano viene acompañada de otra distorsión particularmente gravosa para los familiares de los presos, una dinámica que Tineo describe como una "arquitectura de opacidad". El Gobierno se ha negado sistemáticamente a publicar las listas oficiales de los excarcelados, generando un vacío informacional que ha resultado profundamente revictimizante para las familias de los detenidos.

"Ante la falta de información oficial veraz y oportuna, la sociedad se llena de rumores", explica Martha Tineo. "Esa situación termina siendo enormemente revictimizante para el entorno familiar de los presos". Apenas se produjeron los primeros anuncios de excarcelaciones, muchos familiares comenzaron a trasladarse a los distintos centros de detención del país en busca de información. Al mismo tiempo, algunos medios y periodistas —con la mejor intención— difundieron listas no verificadas.

"Liberaron a Guanipa en las primeras horas y a Caguaripano... y muchos familiares muy humildes, sin ningún tipo de recursos económicos, salieron desesperados a pedir ayuda para ir a buscar a sus hijos porque habían aparecido en una lista de liberados; y al final, cuando resulta que no es cierto, se incrementa el sufrimiento de los allegados", relata Tineo.

Libertad vigilada, provisional, condicional y revocable

Aunque Marco Rubio admitió en su intervención ante el Comité del Senado que el proceso de excarcelaciones avanza "más lentamente" de lo previsto, sostuvo que las liberaciones diarias ya permiten que figuras de la oposición se reintegren a la vida política del país. Sin embargo, esto no se corresponde con lo que ocurre en la práctica.

A los excarcelados no se les devuelve plenamente la libertad: quedan bajo la vigilancia del "Gran Hermano". "Son excarcelaciones, no liberaciones plenas", insiste la Martha Tineo. "Todas estas personas han salido con medidas restrictivas de su libertad: prohibición de dar declaraciones públicas, obligación de presentarse de forma periódica ante tribunales. Estas personas siguen judicializadas, continúan en medio de sus procesos judiciales y enfrentan cargos por delitos muy graves, que contemplan las penas más altas del ordenamiento jurídico venezolano. A ello se suma que aún se les impide nombrar abogados de confianza". Se trata, en la práctica, de una libertad provisional, condicional y revocable.

Selectividad en las excarcelaciones: quiénes sí y quiénes no

Otra distorsión evidente de este proceso es la selectividad en las excarcelaciones. Martha Tineo sostiene que el patrón no es aleatorio: junto con la liberación de un pequeño grupo de figuras, cuyo encarcelamiento generaba altos costos diplomáticos —como periodistas extranjeros o defensores de derechos humanos—, y de personas con un alto valor simbólico como Rafael Tudares, Enrique Márquez, Biagio Pilieri y Rocío San Miguel, el grueso de las excarcelaciones se ha concentrado en detenidos del contexto postelectoral de 2024.

La estrategia propagandista del Gobierno es clara, afirma Tineo: "Sueltan a uno de alto valor mediático y llenan la lista con otros diez de perfil público mucho más bajo". Mientras tanto, permanecen presos los que representan amenazas reales al régimen; presos políticos "antiguos" o con alta capacidad de articulación social —como el dirigente Juan Pablo Guanipa, o los defensores de derechos humanos Javier Tarazona y Eduardo Torres— permanecen, hasta ahora, excluidos del proceso.

En una situación similar se encuentra prácticamente la totalidad de los militares presos por razones políticas. "Militares, nada. Del grupo de 303 militares presos desde hace varios años, acusados de presuntos planes conspirativos, uno solo de ellos, Luis Chirinos, ha sido excarcelado durante este proceso", confirma Tineo.

El goteo de la libertad como tecnología del miedo

Frente a este perverso mecanismo de excarcelación hay preguntas inevitables: ¿Qué hay detrás de este sistema? ¿Por qué liberar con cuentagotas, cuando tienen la capacidad de hacerlo de forma masiva?

Algunos analistas han sugerido que la lentitud se debe a problemas burocráticos, desorden e incapacidad del sistema penitenciario venezolano. Ante este argumento, Tineo es categórica: "El Gobierno creó una estructura para perseguir por razones políticas a través del sistema judicial, y esa gente sabe perfectamente quiénes son los presos políticos y dónde están y de que se les acusa". La defensora enumera con precisión los cuatro actores clave que controlan la información: "Ministerio Público y los fiscales contra el terrorismo, los tribunales contra el terrorismo, el SEBIN y la DGCIM. Esos cuatro actores te dicen quiénes son y dónde están los presos políticos".

También se ha planteado que el propio aparato represor —inteligencia, policías, guardias, fiscales, jueces— tendría incentivos para frenar el proceso, ya que una liberación masiva podría derivar en denuncias, testimonios de tortura, y nuevas evidencias ante instancias internacionales. Sin embargo, hay que tener presente que la persecución y el encarcelamiento de la disidencia fueron decisiones políticas del alto Gobierno al margen del Estado de derecho. Por lo tanto, la excarcelación también es, fundamentalmente, una decisión política del alto Gobierno. Si no se realiza de forma masiva es, simplemente, porque no existe voluntad de hacerlo.

El goteo en las liberaciones, la manipulación de las cifras, la opacidad, las restricciones impuestas a los excarcelados y el sesgo en quienes son liberados, obedecen a un diseño que cumple una doble función: hacia la comunidad internacional "simula" el cumplimiento de las exigencias pactadas con Washington; hacia el interior, preserva el control social mediante el miedo, desincentivando el descontento y los deseos de cambio.

El mensaje de Delcy Rodríguez al país es claro: a pesar de la extracción de Maduro, el poder sigue intacto. La decisión de quién sale de prisión y cuándo es una potestad soberana del Gobierno, subraya hacia su propia base, presentándolo como un gesto orientado a la "reconciliación nacional" y no como una concesión a la Casa Blanca.

Esta percepción se refuerza al constatar que, hasta el momento, ninguno de los componentes del aparato represor del régimen ha sido desmontado. Por el contrario, en las últimas semanas, se ha incrementado el tono de las amenazas contra organizaciones civiles defensoras de derechos humanos.

Todo ello sugiere que el régimen encabezado por Rodríguez no avanza hacia el desmantelamiento real del sistema represivo: simula cambios, mientras se aferra al poder. La reciente reforma chavista de la Ley de Hidrocarburos respondió al mismo patrón: introducir cambios que, en la medida de lo posible, preserven los resortes fundamentales del poder, a la espera de tiempos más favorables.