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Más de 50 organizaciones sociales mostraron este martes (16.11.2021) su preocupación por los efectos que tendría en la población vulnerable la previsible aprobación de la propuesta de Ley de agentes extranjeros en el Congreso de El Salvador y que fue impulsada por el presidente Nayib Bukele.

"Expresamos en unidad colectiva nuestra preocupación, (...) enfatizando la afectación que representa para miles de salvadoreños que viven en situaciones de vulnerabilidad y que se benefician del trabajo de la sociedad civil organizada", indicaron en un comunicado las ONG y señalaron que están comprometidas "en construir un mejor país" y que actúan "con total transparencia en cada uno de los programas y proyectos que ejecutamos".

"Cumplimos con los mecanismos de fiscalización y de contraloría social de nuestros beneficiarios y de cada cooperante, así como toda la normativa nacional", subrayaron. Las entidades no gubernamentales afirmaron que creen que "cuando el Estado, la empresa privada y la sociedad civil suman esfuerzos, es posible alcanzar el desarrollo humano, económico y social de un país". Dicho desarrollo, apuntaron, "no podrá ser posible si se aprueba una ley que vulnera derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la liberta de asociación", por lo que hicieron "un llamado al diálogo democrático como el mejor mecanismo para la toma de decisiones que afectan a toda la población".

Una comisión de la Asamblea Legislativa -dominada por el oficialismo- dio luz verde a la propuesta de Bukele para que pueda ser aprobada el 17 de noviembre durante la sesión plenaria correspondiente a esta semana.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) se pronunció recientemente sobre la iniciativa y advirtió que es un intento para aplicar una ley "mordaza", dado que "incluye disposiciones que justificarían el control abusivo de las autoridades sobre el material informativo".

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, declaró recientemente que "en regímenes autoritarios como Rusia y Nicaragua este tipo de legislación es usual y ha sido usada para sofocar a la prensa y sociedad civil".

Asimismo, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo que dicha ley "es un intento (poco original) de seguir hostigando y silenciando a las organizaciones de derechos humanos y el periodismo independiente".

La propuesta fue enviada por Bukele pocos días después de acusar a Estados Unidos de financiar a organizaciones sociales que a su juicio son la "oposición política".

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