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Más de 200 jueces de El Salvador -mayores de 60 años de edad o con 30 años de servicio, cesados por un decreto legislativo impulsado por el partido del presidente Nayib Bukele- deberán dejar el cargo el 24 de septiembre o perderán su indemnización, advirtió este miércoles la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los magistrados contemplados en el decreto de retiro obligatorio "deberán presentar su renuncia a más tardar el viernes 24 de septiembre" para que puedan "gozar" de una bonificación equivalente a 24 meses de salario, dijo la CSJ en un comunicado publicado dos días antes de la fecha límite.

El llamado se respalda en un decreto de la Asamblea Legislativa controlada por los partidos aliados de Bukele que, el 31 de agosto, ordenó la separación de los jueces como parte de una reforma que los administradores de Justicia afectados consideran de "purga". El presidente promulgó el decreto posteriormente el 17 de septiembre.

"Los jueces que no presenten su renuncia en la fecha antes estipulada (24 de septiembre), o que cumplan cualquiera de los dos requisitos [60 años de edad o 30 de servicio] quedarán cesados de pleno derecho", agregó el comunicado.

Un grupo de juristas, que se oponen a la medida, acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, a "denunciar al Estado salvadoreño, por la violación a los derechos humanos, derivados de dicho acto que reforma la ley de la carrera judicial".

Las Naciones Unidas y el Gobierno de Estados Unidos han condenado esta reforma.

La excepción: jueces de procesos históricos

"La excepción para los dos supuestos antes mencionados serán los casos cuya relevancia histórica y precedente a la reparación de víctimas de crímenes de lesa humanidad estén abiertos en la actualidad", añadió la CSJ. 

Uno de los jueces que serían afectados es Jorge Guzmán, quien resolvió en noviembre de 2020 certificar a la Fiscalía para que determinara si Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército. 

En esta diligencia se pretendía localizar información del operativo militar que derivó en la masacre de civiles en la remota localidad de El Mozote en 1981, cuya causa penal conoce Guzmán. 

De acuerdo con publicaciones de medios locales, Guzmán no se acogería a ninguna excepción para seguir en su cargo, sino que aboga por que la reforma sea derogada.

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