El enfermo peruano: la erosión del equilibrio de poderes

Con la elección del octogenario José María Balcázar como presidente del Perú, el Congreso de este país puso fin a la aguda crisis que había comenzado con la destitución de José Jerí.

Asumió de manera interina la Presidencia de la República como presidente de la Mesa Directiva, cargo que ocupará hasta el 28 de julio de 2026. Balcázar tendrá que gobernar durante el proceso electoral, que comenzará el 12 de abril con unas elecciones que pueden cambiar por completo el panorama político del país andino, pero también sumirlo en una nueva crisis de gobernabilidad, debido a la continua dispersión de las fuerzas políticas del país.

Dada la persistencia de los síntomas de la "enfermedad prolongada peruana", casi nadie puede garantizar que esta apuesta por la gobernanza sea realmente factible, ya que las coaliciones parlamentarias son inestables y están expuestas a intereses extraparlamentarios opacos.

Apenas cuatro meses después de suceder a Dina Boluarte, destituida por el Congreso ante la crisis de seguridad interna, la salida de José Jerí ha abierto un panorama de incertidumbre para la política peruana que, ante la fragmentación del sistema de partidos y su limitada representatividad, tiene el potencial de durar más allá de las elecciones previstas.

La particularidad peruana: una "dictadura parlamentaria"

A diferencia de lo que ocurre en otros países, el deterioro democrático en Perú no proviene de un caudillo o líder populista, sino de una coalición parlamentaria fragmentada que, mediante reformas sucesivas, ha ido erosionando el equilibrio de poderes y capturando instituciones clave como la justicia y los organismos electorales.

Así, importa cada vez menos quién ocupa la presidencia y por cuánto tiempo. Aunque, en términos formales, la maquinaria democrática sigue funcionando y pronto se celebrarán elecciones libres, los presidentes han gobernado más en teoría que en la práctica.

La lógica ha sido gobernar "desde el Congreso", aplicando una vacancia prematura por "incapacidad moral permanente" a los presidentes de turno. El país sufre un desequilibrio de poderes, por lo que el poder se ha trasladado a una difusa coalición de actores políticos influyentes, muchos de los cuales están acusados de tener vínculos con redes de corrupción. Entre ellos se encuentran el propio presidente destituido, José Jerí, y la líder tradicional, Keiko Fujimori, quien tratará de conquistar el poder por cuarta vez.

Que las elecciones de abril de 2026 sirvan de nuevo comienzo es bastante dudoso. Muchos legisladores planean presentarse al nuevo Senado o a cargos regionales y pretenden servirse de estructuras partidistas con poco arraigo popular o plantear su propio proyecto político. El hecho de que haya alrededor de 30 candidatos presidenciales en la primera vuelta, que se celebra el 12 de abril de 2026, evidencia que puede repetirse el triste escenario de la década pasada, con ocho gobernantes diferentes en la Casa de Pizarro.

La brecha entre el Congreso y la población

Ante el desolador panorama que ofrece la clase política del país, cada nuevo cambio en la oficina de la presidencia refleja el desgaste político de los liderazgos de la política peruana, cuya capacidad para resolver los problemas del país está muy cuestionada. La sensación popular va más allá de la simple incomodidad ciudadana; es el reflejo de una creciente brecha entre el discurso institucional y los resultados concretos en materia de políticas de seguridad.

Las últimas rotaciones en la presidencia del país han estado acompañadas de manifestaciones callejeras que son expresiones de protesta de un movimiento sin liderazgo centralizado asociado a la dinámica de la Generación Z.

A través de convocatorias espontáneas en internet y en colaboración con agrupaciones de estudiantes universitarios, las críticas se han dirigido a la forma de hacer política de la clase política peruana y a la situación de inseguridad tras los ataques de extorsionadores contra los grupos de música cumbia Agua Marina y Armonía 10, que dejaron heridos y un cantante fallecido. Parece improbable que el nuevo presidente, Balcázar, sea capaz de cerrar estas heridas, ya que el calor del período preelectoral no deja mucho espacio para la generación de consensos y reformas oportunas.

¿Habrá una cura?

Lo que para algunos es la expresión de una "dictadura parlamentaria", puede considerarse una deformación del ejercicio del parlamentarismo peruano que no ha podido salvarse debido al transfuguismo de los congresistas, la fragmentación del sistema de partidos y la influencia indebida de intereses económicos y sociales en la gestión política.

Por ello, las reformas institucionales no serán suficientes sin un cambio en los liderazgos, que a su vez depende del voto ciudadano. La persistencia de los partidos familiares, la continuidad de liderazgos políticamente superados, como el de Keiko Fujimori, y la promoción de candidaturas populistas, como la del exalcalde limeño Rafael López Aliaga, no facilitan la posibilidad de una renovación responsable que necesita el país.

La propia experiencia del éxito de un outsider como Pedro Castillo ha demostrado que los liderazgos personalistas sin programa ni equipo no permiten superar las deficiencias estructurales del sistema político peruano, en el que la popularidad de cualquier presidente en funciones decae vertiginosamente después de asumir el cargo.

El "enfermo peruano", caracterizado por el desequilibrio entre los poderes del Estado y la captura parlamentaria de las instancias judiciales, es un límite que frena un salto cualitativo en la gobernanza del país, por lo que los llamados a un gobierno de "mano dura" encuentran más eco en el electorado.

Las elecciones venideras no ofrecen muchas esperanzas de cambio profundo, sino que prometen continuidad en un clima político enrarecido, una lucha de poderes y la permanencia de una clase política agotada frente a una población agobiada por la situación cotidiana, que se vuelve cada vez más complicada.