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El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, declaró este domingo el estado de sitio por 30 días en el municipio indígena de El Estor, en el noreste del país, un día después de que la policía disolviera una protesta contra una minera suiza que dejó cuatro agentes heridos de bala. 

El estado de sitio debe ser ratificado en los próximos días por el Congreso para que no pierda vigencia.

La medida, que afecta solo a ese municipio del departamento de Izabal, limitará el derecho de manifestación y permitirá a las fuerzas de seguridad realizar detenciones sin orden de juez y dispersar cualquier reunión masiva, entre otras restricciones constitucionales, detalló el gobierno en un decreto publicado en el Diario de Centroamérica, la gaceta oficial.

"En el municipio de El Estor (...) diversos habitantes y grupos armados han efectuado una serie de acciones que encuadran en indicios fundados de actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad", indicó el decreto 9-2021. "Se han realizado acciones contra el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes”, agrega el documento

Funcionamiento "ilegal”

Los enfrentamientos más violentos se registraron durante los días viernes y sábado entre las fuerzas de seguridad y decenas de indígenas q'eqchi' que se oponen al funcionamiento de la mina Fénix. La empresa dueña de la mina es la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group.

Los miembros de las comunidades indígenas se encontraban a la orilla de la carretera desde hace 21 días en un campamento improvisado con el fin de protestar contra el funcionamiento de la mina, pues acusan destrucción del medio ambiente, pero en los últimos dos días han sufrido la represión de las fuerzas de seguridad, con varios heridos, incluidas mujeres y niños, sin un número específico reportado al momento.

El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, manifestó el sábado su preocupación por la represión policial a las comunidades indígenas y dijo que la mina funciona "ilegalmente". 

"Desde 2019 la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal del país) ordenó a CGN suspender la licencia de explotación minera, por no haber realizado consulta previa", enfatizó el ombudsman.