Colombia: Corte ordena al Gobierno a proteger a exguerrilla

La Corte Constitucional de Colombia ordenó al Gobierno proteger a los exguerrilleros de las FARC que firmaron el Acuerdo de Paz en 2016 y son blanco de una espiral de violencia que deja a unas 300 personas desmovilizadas asesinadas, según trascendió este viernes.

De acuerdo con un fallo, el alto tribunal que vela por el cumplimiento de la Carta Magna consideró que los "derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz" de los antiguos rebeldes "fueron desconocidos" por entidades estatales. Teniendo en cuenta "el alto número de firmantes del acuerdo final de paz que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados la Corte también decidió declarar el 'estado de cosas inconstitucional'", anunció la magistrada Cristina Pardo en una exposición virtual del fallo.

Con una votación de 5 contra 4, la Sala Plena de la Corte adoptó este mecanismo de origen jurisprudencial que se declara en escenarios de graves violaciones de derechos fundamentales y ante la incapacidad del Estado para proteger a las víctimas. La Corte Constitucional ordenó al Gobierno que "adopte las medidas que le permitan cumplir de manera integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas en el acuerdo final de paz", advirtió la magistrada Pardo.

La Corte también ordenó a la Unidad Nacional de Protección, encargada de los esquemas de seguridad de las personas amenazadas, que revalúe el riesgo al que se enfrentan quienes formaron la exguerrilla y tome nuevas medidas para evitar que los maten.

"Esta declaración de la Corte es la prueba que el Gobierno omitió la normatividad constitucional. La paz con legalidad es una mentira que le ha costado la vida a más de 300 firmantes de paz", escribió en Twitter Pastor Alape, dirigente del partido de izquierda Comunes, surgido del Acuerdo de Paz.

El Gobierno del presidente conservador Iván Duque ha sido crítico del pacto que firmó en 2016 su antecesor, Juan Manuel Santos, con la que fuera la guerrilla más poderosa de América, hoy convertida en partido de izquierda con una pequeña representación legislativa. "No compartimos los criterios que hayan llevado a que se estime que hay un estado de cosas inconstitucional. Hay en este momento 17 entidades que desde hace años están trabajando en la protección de los excombatientes", aseguró en rueda de prensa el alto consejero presidencial del posconflicto, Emilio Archila.

En el poder desde 2018, el mandatario intentó sin éxito reformar el pacto de paz a través del Congreso, anclado en su rechazo al sistema especial de Justicia que investiga los peores crímenes cometidos durante el conflicto de casi seis décadas con las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La exguerrilla le reclama al Gobierno incumplimientos a lo acordado hace cinco años. Algunos de ellos renunciaron a la justicia de paz y retomaron las armas.