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Luego de semanas de discusión y presión de diferentes sectores, los diputados aprobaron este lunes en segundo debate el expediente 22.405, que permitirá ampliar la reducción de jornadas laborales en el sector turismo.

La medida busca mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 en una de las industrias más golpeadas por el confinamiento y las restricciones sanitarias, permitiendo a los patronos reducir hasta en un 75% las jornadas de sus trabajadores en lugar de despedirlos.

La ampliación de este permiso será hasta por cuatro periodos de tres meses cada uno (12 meses), siempre y cuando la declaratoria de emergencia por el virus se mantenga y se compruebe la afectación de la pandemia en los comercios.

El permiso será extensivo para hoteles, restaurantes, bares, casinos, balnearios, transportes turísticos y otras empresas afines y negocios con aforo limitado.

El proyecto, que se había votado en primer debate el 20 de abril anterior, fue presentado y defendido por la diputada socialcristiana María Inés Solís como una forma de ayudar a un sector que, dijo, reportó pérdidas por $3.000 millones en 2020 con una afectación directa a 100 mil familias.

Igual que en la discusión de primer debate, hoy nuevamente fue rebatido por el frenteamplista José María Villalta y la oficialista Paola Vega, enemigos de la reducción de jornadas y suspensión de contratos ante la falta de estudios que demuestren su efectividad y ayuda en medio de la crisis, pero también del daño que aseguran crea a los trabajadores.

A ellos se sumaron otras voces como las del liberacionista Franggi Nicolás, los socialcristianos Óscar Cascante, Shirley Díaz, María Vita Monge, Wálter Muñoz (PIN) y Melvin Núñez (Restauración Nacional).

Todos insistieron en que la reducción de jornadas y la suspensión de contratos han permitido perpetuar situaciones de precariedad en el sector, pues los patronos abusan de esos permisos para mantener a sus empleados con salarios bajos o nulos y no tener que pagarles las obligaciones legales que implicaría un despido.

Villalta sí consiguió durante el primer debate que se aprobaran dos cambios al expediente: el primero para establecer mecanismos de control para fiscalizar y asegurar el cumplimiento de las regulaciones laborales en esta materia mediante inspecciones del Ministerio de Trabajo a las empresas; el segundo para incluir actividades artísticas, culturales y de entretenimiento, así como transporte público de ruta regular, dentro de los beneficiados.