Rezago estudiantil: existen herramientas, pero urgen consensos

Una vez más, los estudiantes de la educación pública sufrirán una interrupción en el aprendizaje. 

No hace mucho, en el 2018, las huelgas entorpecieron 89 días lectivos; el año pasado, el inicio de la pandemia obligó a más de un millón de estudiantes a permanecer en casa. 

Este lunes, el Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció la suspensión del curso lectivo, tanto en la modalidad presencial como virtual, del 24 de mayo al 12 de julio, tomando en cuenta el periodo de vacaciones.

​Los impactos que han ocasionado estas últimas coyunturas no se pueden cuantificar por el momento, señala Isabel Román, coordinadora del informe Estado de la Educación (parte del Programa Estado de la Nación), pero considera que será cuestión de tiempo, a mediano y largo plazo, cuando el país vea comprometido su nivel de desarrollo humano, competitividad y la brecha de la desigualdad sea más profunda: todo esto si no se toman acciones de carácter urgente.

Antes de la pandemia, en el 2019, la Encuesta Nacional de Hogares decía que cerca de 418.000 estudiantes no estaban en condiciones para recibir educación a distancia, que de los hogares más pobres un 10% no contaba con ninguna herramienta, un 37% tenía acceso a conectividad y, de ellos, un 48% lo hacía por medio de un celular.

“Es una deuda pendiente del país, lograr la universalización de la conectividad para todos los hogares y especialmente a los hogares que tienen estudiantes. Es una necesidad urgente país y que desde el 2012 se supone que se habían generado los recursos en la Ley de Telecomunicaciones”, expresó Román.

​Urgen consensos

La investigadora considera que una de las posibles soluciones se sitúa en el parlamento.

“El país tiene los recursos, yo creo que se han generado distintas alternativas en la Asamblea Legislativa, que desde el año pasado es una discusión que se ha planteado. Necesitamos movernos rápido y acelerado porque no es posible ni justificable que sigamos manteniendo a más de 400 mil estudiantes desconectados del sistema educativo, porque esto es negarles el derecho a la educación”, manifestó la experta.

"Arribemos a consensos sobre una realidad país, Costa Rica no puede darse el lujo de tener otra generación perdida", agregó.  

Por su parte, Román señala que en países desarrollados, durante la pandemia, se ha logrado puntualizar en estrategias que logran solventar el tiempo perdido, por ejemplo, trabajos extra clase, “cursos de verano” e, incluso, la selección de los profesores más capacitados para que se desplacen hasta los hogares de los estudiantes a impartir tutorías: siempre y cuando, el sistema educativo cuente con la información necesaria que ayude a priorizar y a delegar tareas diferenciadas.

Además, la profesional señala que es necesario realizar un diagnóstico para establecer el conocimiento que tienen los estudiantes, “identificar qué saben y qué no”, señala, sin que esto represente una vulneración al estudiante, pero sí que ayude a realizar planes remediales.

“Tenemos que asegurarnos de tener información fiable y confiable y, segundo, que los planes que se planteen tengan un seguimiento y una evaluación de la aplicación, porque lo peor es no saber en qué plano estamos”, concluye Román.