Proveedores de mascarillas volverán a comparecer ante diputados
Aprobaron una moción que traerá de vuelta a Mirem Martínez y David Landergren, adjudicatarios de dos cuestionados contratos con la CCSS.
La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos aprobó este jueves, por unanimidad, una moción para traer de vuelta a la empresaria española Miren Martínez y el contador David Landergren ante los diputados de ese órgano.
Son adjudicatarios de dos cuestionados contratos para la compra de mascarillas e insumo médico por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por un monto de $4 millones.
Ambos ya se habían visto las caras con los legisladores el pasado 10 de setiembre en una sesión que acabó entre regaños y críticas por la posición de los comparecientes.
Landergren se abstuvo de declarar, mientras que Martínez inició con una presentación que acabó en una enorme discusión en la sala.
La periodista alegó que solo se le dieron cinco minutos para su intervención, pero luego, cuando le ofrecieron más de 20, dijo que se abstendría de declarar como reclamo por ese primer incidente.
Los diputados cuestionaron entonces que ese fue su plan desde el inicio y que convirtió la sesión en un “showcito” y una “rabieta”.
“Usted vino a montar un showcito alrededor de sus caprichos, ella venía a leer la declaración y una vez que leyera se iba a abstener de responder, quiso usar la carta de la indignación de que no se le daban los 20 minutos para que ese fuera el motivo para no responder las preguntas, pero ha quedado claro que nunca tuvo interés de hacerlo.
“Ustedes (Martínez y Landergren) entraron por la ventana a un concurso al que nunca debieron haber entrado o nunca debieron haberlos invitados”, dijo ese día el verdiblanco Carlos Ricardo Benavides.
Hoy, sin embargo, los diputados votaron por traerlos de nuevo para que respondan ante los cuestionamientos que pesan contra ambos.
Esos contratos y la posterior investigación provocaron la sanción de varios funcionarios de la CCSS, incluido el gerente de Logística, Luis Fernando Porras, y otros cuatro funcionarios quienes fueron separados de sus cargos.
Además, se ordenó disolver la comisión técnica que avaló dichos contratos.