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El Fondo Nacional de Avales propuesto por el Gobierno tendrá un patrimonio de $300 millones y podrá respaldar al 20% de las empresas costarricenses, unas 18 mil según estimó este jueves la ministra de Planificación, Pilar Garrido.

El instrumento servirá como una garantía crediticia para los saldos de préstamos de entidades financieras supervisadas por la SUGEF y obtendrá financiamiento del préstamo aprobado la semana anterior con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por el mismo monto.

Este responderá por el 80% de los saldos de las operaciones crediticias en dólares y colones por un plazo de hasta 15 años, explicó la ministra.

El Fondo operará bajo la modalidad de pérdida esperada, por lo que suponiendo que esa pérdida alcance el 10%, esos $300 millones podrían respaldar operaciones por $3 mil millones.

“El fondo de avales es un instrumento clave de la hoja de ruta económica para reactivar el crédito, proteger el empleo y salvar empresas golpeadas por la pandemia. Con él se procura reducir el riesgo de crédito percibido por los intermediarios financieros, para así facilitar el crédito a las empresas y personas con actividades productivas, en mejores condiciones de tasas de interés y plazos”, dijo Garrido.

Las empresas que acudan a esta garantía tendrán como condición mantener el nivel de empleo al momento de aplicar al aval y además comprometerse a recuperar los puestos de trabajo que tuvieran antes de la pandemia una vez que su situación mejore.

La ministra aseguró que, si bien el proyecto se presenta este jueves, la creación del fondo de avales estará sujeta a su aprobación en la Asamblea Legislativa; pero, además, al apoyo que el proyecto de préstamo con el BCIE reciba.

El Fondo de Avales funcionará con un fideicomiso, donde Hacienda será el fideicomitente y el Instituto Nacional de Seguros será el fiduciario. 

Un consejo rector determinará los criterios de selección de los avales y personas físicas o jurídicas que se beneficien, los porcentajes de pérdida esperada por actividad económica, el monto máximo de avales y garantías por cliente, así como por actividad económica.

Garrido aseguró que las empresas de los sectores de Turismo, Comercio y Transportes tendrán prioridad.

El Fondo deberá aprobar los avales y garantías en un plazo máximo de 12 meses y estará disponible para todas las entidades supervisadas por la SUGEF que así lo soliciten.

"Las instituciones financieras que reciban los avales de este programa deberán comprometerse a otorgar facilidades de crédito ya sean nuevos, ampliados o restructurados con períodos de gracia y plazo para amortización acorde con las necesidades que cada cliente requiera para salir de los perjuicios causados por la pandemia y mantener la empresa y la creación de empleo estable. 

"Estos avales pueden ser otorgados a créditos de restructuración de deudas existentes, inversión o capital de trabajo", explicó Hacienda.