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La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), que agrupa a buena parte de las municipalidades del país, la emprendió contra el Gobierno luego de conocerse el informe de la Contraloría sobre las inconsistencias en el registro de las pruebas COVID-19.

Según los alcaldes, esto demuestra, entre otras cosas, que los cierres de negocios durante el año anterior sí se hicieron sin ningún criterio territorial, tal y como ellos denunciaron cuando se exigió información de contagios por zonas.

“Nosotros ya intuíamos que esto era un desastre, que cruzaban todo en hojas de Excel y por eso los datos nacionales nunca cuadraban con los locales. Lo único que logramos fue que firmáramos acuerdos de confidencialidad para la entrega de la información, pero al día de hoy no se ha recibido nada adicional a lo que muestra la página web del Ministerio de Salud.


“Uno de los argumentos para no entregar la información era que se trataba de datos sensibles, sin embargo las municipalidades gestionan datos en el Sinirube e incluso declaraciones tributarias”, aseguró Marcel Soler, alcalde de Montes de Oca y directivo de ANAI.

Según Soler, esto permitió por ejemplo que San Ramón se sometiera a cierres totales por casos presentados en sectores alejados como Peñas Blancas.

“O cerraban Vara Blanca porque en Heredia centro había casos”, dijo.

Roberto Zoch, alcalde de Moravia, calificó la metodología, recolección y almacenamiento de datos relativos a las pruebas COVID-19 por parte de las autoridades como “rudimentaria”, y que esto provocó que la transmisión de datos siempre estuviera desfasada entre las autoridades locales y las nacionales.

“Si hubiéramos tenido localizados los casos activos por barrio o por casa, pudimos haber realizado acciones más específicas de mitigación del contagio y hubiéramos fiscalizado de mejor forma el cumplimiento de medidas.


“Sin embargo fue imposible que nos suministraran esos datos y la Contraloría lo que confirma es que no se tiene claridad en estos. Es decir, la información ha sido manejada de una forma inadecuada, dejándonos a los municipios sin las herramientas para hacer una mejor contención de contagios”, aseguró Zoch.

La Contraloría reveló en su informe de auditoría inconsistencias en miles de registros de pruebas COVID-19, tanto por parte del Ministerio de Salud como de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Entre otras, la existencia de 6.631 mil pruebas sin fecha, de las cuales más de 702 fueron positivas, así como resultados de laboratorio que duraron hasta 276 días en estar listos.

El ente contralor también aseguró que no se resguardó la confidencialidad de los datos de los usuarios y que esta era transmitida entre las diferentes instituciones en hojas de Excel, sin cifrar y sin mayores controles.