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La inminente propuesta de un Fondo Nacional de Avales que suavice las condiciones crediticias y permita así la reactivación económica del país deberá tener una fuente de financiamiento barata y responder por al menos el 80% de los saldos que respalde.

Esos son algunos de los lineamientos que trasladó este miércoles la Comisión de Asuntos de Hacendarios al Poder Ejecutivo para que sean incluidos en la iniciativa, que según el ministro de Hacienda, Elian Villegas, llegará al Plenario próximamente.

La idea del Gobierno es ofrecer una garantía estatal a los bancos públicos para el otorgamiento de los llamados “préstamos de reactivación”, un fondo de ₡900 mil millones que apenas si ha llegado a las empresas debido a las restricciones normativas que tiene la banca.

La más importante es precisamente la falta de garantías de los empresarios para respaldar eso créditos, pues la pandemia del COVID-19 ha agravado el sobreendeudamiento de la economía nacional y con esto disminuido la liquidez para hacer frente a nuevas responsabilidades.

El Gobierno anunció que el Fondo Nacional de Avales deberá financiarse con endeudamiento externo con condiciones blandas a largo plazo a partir de organismos multilaterales.

Ante esto, los legisladores estiman echar mano a algunos de los créditos que fueron aprobados y hacen fila en la Asamblea Legislativa.

Además, el fondo deberá cubrir hasta el 80% del saldo expuesto por operación de crédito individual y como condición para su aprobación las empresas beneficiarias del aval deberán mantener el nivel de empleo que en ese momento sostienen, e incrementarlo a futuro conforme sus flujos de caja se recuperen.

“Esto con el ánimo de mantener y aumentar las posibilidades de empleo y dinamizar la economía, lo que tendría efectos positivos en la recaudación fiscal y las cargas sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social”, explicaron los legisladores.

De acuerdo con los diputados, el fondo vendría a reorganizar las obligaciones de crédito o préstamos financieros a plazos superiores a cinco años para pequeñas, medianas y grandes empresas.

Los legisladores urgieron al Gobierno a presentar y convocar esta iniciativa y utilizarla “como una señal positiva y de alivio para miles de empresas que hoy están sufriendo los embates de la pandemia”.