Por Juan José Herrera |30 de abril de 2020, 12:00 PM

Los diputados de la República aprobaron este jueves por unanimidad, en segundo debate, el traslado de ₡7.250 millones de superávit de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) a la atención de la emergencia provocada por el COVID-19.

Se trata de una readecuación del destino de los fondos que proponía la iniciativa de fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito.

Originalmente, la propuesta del liberacionista Gustavo Viales era que esos dineros fueran a la modernización del depósito comercial; sin embargo, el contexto actual obligó a redistribuir esos dineros entre la junta y las municipalidades de la zona.

En total, ₡3.750 millones serán transferidos a la Comisión Nacional de Emergencias para ayudar a los cantones con influencia de Judesur, ₡2.000 millones para atender las obligaciones de la junta con Hacienda y sus gastos corrientes, mientras que otros ₡1.500 millones se distribuirán equitativamente entre las municipalidades de Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus para la atención de la emergencia actual y el apoyo de las poblaciones afectadas.

El proyecto, además, establece una prórroga automática de cuatro años para todos los concesionarios actuales de locales comerciales en el depósito, siempre y cuando estos se encuentren al día con sus obligaciones.

La prórroga será inmediata a partir de la publicación de la ley, la mayoría de estos contratos vencen en mayo próximo.

El proyecto establecía una extensión de 10 años a los arrendatarios, sin embargo, los diputados acordaron por mayoría que ese plazo era excesivo.

Notificaciones y prórroga

Los diputados votaron este jueves, también en segundo debate, una reforma a la Ley General de Salud para permitir notificar de manera digital a las personas enfermas por COVID-19.

La medida será aplicable para todas las órdenes sanitarias emitidas por las autoridades, incluidas también aquellas personas que se consideren sospechosas de contagio por haber estado expuestas a casos positivos.

Actualmente, la ley establece la obligatoriedad de que todas esas notificaciones se hagan de manera personal. Con el número de casos positivos en aumento, también se ha incrementado el de sospechosos y, con esto, las notificaciones.

La reforma fue solicitada y convocada por el Poder Ejecutivo como una forma de reducir el riesgo al que se expone el personal de Salud que realiza estos anuncios.

Hoy también se aprobó el expediente 21.931, que autoriza la prórroga automática del nombramiento de los miembros de juntas directivas y órgano de fiscalía de todas las asociaciones, federaciones y confederaciones que por razones de la emergencia no han podido realizar sus asambleas.

La prórroga aprobada es por un período máximo de seis meses si así lo determina el Ministerio de Salud mediante resolución administrativa, de conformidad con el comportamiento epidemiológico del COVID-19 en el territorio nacional.