Diputados aprueban suspender pago de anualidades al sector público

Luego de una semana de bloqueos y airada discusión, este jueves se aprobó en primer debate el proyecto 21.917, que pretende la suspensión del pago de anualidades en el sector público para los periodos 2020-2021 y 2021-2022.

Con 32 votos a favor y ocho en contra la propuesta presentada por el Gobierno meses atrás finalmente logró votarse en medio de los últimos reclamos de sus opositores.

El texto pretende un ahorro de alrededor de ₡44 mil millones para el Estado en medio de la crisis económica que ha detonado la pandemia del COVID-19. Ese monto iría precisamente para el fondo de emergencia creado para la atención de la crisis.

Hoy, por cuarto día consecutivo de discusión del proyecto, el frenteamplista José María Villalta defendió las últimas mociones de reiteración en la larga lista que le presentó al texto, situación que retrasó la discusión de otras iniciativas y que provocó una gresca en el Plenario el martes anterior.

La diferencia este jueves fue que los diputados acordaron no levantar la sesión hasta que no se votara el texto, lo que permitió que se agotara la discusión a eso de las 4:15 p. m.

El proyecto, que se votaría en segundo debate el próximo martes, propone una suspensión de ese pago para buena parte del sector público.

La oposición de Villalta se sustentaba en que el texto no hace ninguna restricción en cuanto a su afectación, golpeando tanto a los grandes salarios como a los más bajos.

Además, cuestionó que deja por fuera sectores ya de por sí beneficiados como a los propios diputados y golpea a otros que están al frente del combate a la pandemia como los empleados de Salud, cuerpos policiales o CCSS.

Estos habían sido originalmente excluidos de la propuesta, pero finalmente fueron incluidos.

Villalta dijo, además, que se está valorando la anualidad como un privilegio y no un derecho laboral y que eso podría ser fácilmente debatido en la Sala Constitucional.

Esa tesis fue defendida por otros legisladores como la socialcristiana Shirley Díaz, que criticó la injusticia que estaba en discusión.

"Este proyecto que estamos por aprobar lesiona un derecho fundamental como lo es el salario y un incentivo que reconoce antigüedad y experiencia, un incentivo que tiene 38 años y que se quiere eliminar sin ningún tipo de distinción. Este proyecto se aparta de la consciencia social que dio paso a una reivindicación de la conquista social", dijo.

Sin embargo, los variados intentos de sus opositores por corregir estas situaciones no hicieron eco en la mayoría del Plenario, que se apegó a la propuesta discutida.

El Gobierno ya había intentado aplicar ese rebajo para este año, sin embargo, el proyecto no logró estar listo antes del 1° de junio, por lo que procedió al pago pero solicitó la suspensión por los años venideros.