Por Juan José Herrera |25 de febrero de 2021, 8:57 AM

Hans Vindas, asesor de la gerencia de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social, se abstuvo este jueves de declarar ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, que investigan los millonarios contratos de mascarillas y otros insumos médicos que hoy son cuestionados por la Fiscalía.

Vindas era precisamente una de las audiencias claves de la investigación legislativa, pues diferentes comparecientes lo han señalado como el responsable de meter, a última hora y fuera del procedimiento habitual, a varios de los proveedores que terminaron ganando esos contratos.

El funcionario, quien desde agosto se encuentra suspendido con goce de salario, se acogió a su derecho constitucional y guardó silencio ante todos los cuestionamientos, incluso aquellos generales y de conocimiento público.

Esa actitud elevó aún más la molestia de los diputados.

“Debería tener vergüenza y declarar. La función pública es para servir, no para servirse. Es inadmisible que venga a decir me abstengo de declarar. Ojalá que los costarricenses vean su cara para que no lo olviden, ojalá que la institución tenga bien claro el tipo de funcionario que no tiene que tener. 

"Me queda el sinsabor de que no tuvo la decencia la decencia de venir a esta comisión a aclarar las dudas, que usted aprovechó de su posición e influencias para beneficiarse, probablemente. Espero que usted reciba todo el peso de la ley, personas como usted avergüenzan al funcionario público”, afirmó la socialcristiana Shirley Díaz.

El verdiblanco Carlos Ricardo Benavides también aprovechó para reprochar no solo la actitud del asesor hoy, sino el papel que jugó durante esas contrataciones.  

“Usted ha sido el centro de una gigantesca sinvergüenzada (sic) y echa a perder la fe en los funcionarios públicos que en su inmensa mayoría son gente buena, honrada y trabajadora”, dijo.

Hoy la comisión también tendrá en audiencia a los funcionarios del Centro para la Instrucción de Procesos Administrativos (CIPA), cuestionados por haber intentado suspender todas las investigaciones en la compra de insumos médicos hasta que termine la pandemia del COVID-19, lo que amenazaba con su prescripción.

El próximo jueves será la última audiencia en este caso, cuando responde ante los diputados el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya.