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Los bancos públicos del país se comprometieron con el Gobierno a reducir sus tasas de interés y ampliar el plazo original de sus créditos con el fin de impulsar la reactivación de la economía.

La decisión llega luego de la excitativa del Ejecutivo, realizada este viernes, para “explorar opciones de mejora en las condiciones y acceso al crédito”.

El presidente Carlos Alvarado se reunió con jerarcas del Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Central para exponer las preocupaciones que, según el mandatario, le han trasladado diferentes sectores sobre las dificultades que actualmente existen para acceder a créditos favorables.

“El factor clave es el tiempo, necesitamos darle aire a las personas y a los sectores productivos para que puedan volver, para que se puedan recuperar y generar empleo y producción nuevamente, de ahí la importancia que puedan acceder crédito bajo condiciones muy favorables que les puedan facilitar esa recuperación”, dijo Alvarado.

En la reunión también se hizo manifiesta la necesidad de que el Consejo de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) reduzca la tramitología y suavice sus requisitos en el marco normativo para así también facilitar el acceso a préstamos, especialmente aquellos que permitan la recuperación y promuevan la empleabilidad.

En ese sentido, Presidencia confirmó que evalúa la emisión de una directriz presidencial que facilite a los bancos públicos su papel dentro del objetivo de generar condiciones para el acceso al crédito de parte de las personas y empresas en esta fase de recuperación económica. 

Además de reducir tasas y plazos, los bancos se comprometieron a ayudar con readecuaciones, refinanciamientos y prórrogas a diversos deudores que han visto reducida su capacidad de pago debido a la pandemia, entre ellos trabajadores independientes, asalariados, así como pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, adelantó que este jueves la junta directiva de la institución aprobó ampliar en ₡142.887 millones el monto de la facilidad especial de financiamiento a mediano plazo (ODP), llevando la cifra total hasta los ₡842.887 millones.

Dicha facilidad fue creada el 2 de setiembre de 2020 con el objetivo de proveer a los intermediarios financieros regulados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) de financiamiento en moneda nacional a mediano plazo y bajo costo, condicionado a que trasladaran esos recursos, en condiciones también favorables, a los hogares y empresas afectados por la pandemia del COVID-19.

Según el reporte del Central, al 16 de diciembre se habían solicitado ₡575.267 millones de los ₡700 mil originalmente previstos; sin embargo, en una consulta posterior a 22 entidades financieras estas revelaron una necesidad adicional de ₡267.620 millones, lo que precisamente motivó el aumento.