31 de agosto de 2023, 15:13 PM

Periodista: David Sibaja.

Hace un año, la escuela se convirtió en el escenario donde Mario Céspedes estuvo a punto de perder la vida tras ser atacado con un cuchillo. Hasta el día de hoy, el motivo detrás de este atentado sigue siendo desconocido, no se sabe si se trató de una represalia relacionada con su trabajo como responsable de seguridad en un jardín de niños en Concepción de Alajuelita.

“Un sábado, a las 10 a. m., en la parte de arriba, entré al baño a orinar y cuando salí había un tipo esperándome en la puerta, con un cuchillo. Él me mandó tres filazos, me quité el primero y segundo, pero el tercero sí me lo pegó”, narró Céspedes a Calle 7 Informativo.

Karen Corrales, profesora en la Escuela Carmen Lyra, también ubicada en Alajuelita, asegura que siente temor por situaciones como esta. La dinámica docente ha cambiado y con la implementación de los protocolos del Ministerio de Educación Pública (MEP), han surgido problemas para los profesores, tanto con algunos padres de familia como con los propios estudiantes.

"Mi mayor temor radica en enfrentar una situación en la que deba intervenir y, quizás, carezca del respaldo por parte de las familias. En lugar de encontrar apoyo, podríamos encontrarnos con negativas que dificulten la resolución de los problemas con los estudiantes. Lidiar con familias que carecen de una base sólida de valores y respeto es lo que más me preocupa", explicó la docente.

Durante el transcurso de este año, el MEP ha documentado 17 casos de violencia contra profesores, por parte de estudiantes, en las aulas. Aunque no se disponen de datos sobre casos por parte de los padres de familia, estas situaciones se abordan mediante el protocolo interno de la institución. En escenarios graves, se podría solicitar la intervención de las autoridades judiciales.

"Cuando un estudiante ataca a un miembro adulto de la comunidad educativa, abordamos la situación, calificamos la falta cometida y aplicamos procedimientos para implementar acciones correctivas", explicó Enid Castro, encargada de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP.

Una calificación desfavorable, una reprimenda o incluso intervenir en una disputa entre estudiantes son acciones que, en muchos casos, generan la indignación de los padres de familia, quienes dirigen su enojo hacia los docentes.

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