11 de mayo de 2017, 5:16 AM

El 21 de febrero, una mujer de 25 años fue quemada viva en un poblado de Nicaragua por un pastor enardecido y una horda de acólitos, que creían ciegamente en el "poder divino" del hombre.

El pastor evangélico azuzó a sus seguidores para que prendieran fuego a la mujer, bajo la sospecha de que estaba "poseída por el diablo".

Este martes 9 de mayo -dos meses y medio después- un juez dictó sentencia contra cinco de los imputados: 30 años de cárcel.

Otro ejemplo: el 23 de enero una embarcación volcó en aguas del Caribe de Nicaragua y murieron 12 costarricenses. 

Menos de un mes después -el 11 de febrero- el capitán de la lancha fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de homicidio imprudente.

El sistema nicaragüense no es perfecto y está muy atrás en muchas cosas con respecto al nuestro, pero cuando cruzamos la frontera y llegamos a la tierra del 'Pura vida' o el 'País más feliz del mundo' vemos que aquí la resolución de casos es más lenta. 

Aquí los procesos judiciales se extienden por plazos que rayan en el abuso, la desconsideración y en la burocracia más simple y llana.

Esto a pesar de que "la inversión en justicia por habitante es hoy en día cuatro veces mayor que la de dos décadas atrás, aunque la población creció en un 37%: en ese período, la planilla judicial se cuadruplicó y se ampliaron la cobertura territorial y la diversidad temática que atienden los despachos judiciales", indica el Segundo Informe Estado de la Justicia, publicado recientemente por el Estado de la Nación.

El texto -que usted puede acceder por Internet en el sitio www.estadonacion.or.cr- destaca numerosos problemas u oportunidades de mejora para el Poder Judicial, pero confluyen en una opinión generalizada: hay una creciente pérdida de confianza en el sistema.

"(...) El Poder Judicial está expuesto a una ciudadanía cada vez demandante y sensibilizada sobre su derecho de acceso a la justicia y que confía poco en la institución: los resultados del “Barómetro de las Américas”, de la Universidad de Vanderbilt, señalan que la confianza en el Poder Judicial es notoriamente menor a la de hace dos décadas, pese a los esfuerzos de modernización y las políticas de apertura y transparencia que se han impulsado".

Y por eso la gente se sigue preguntando: "¿por qué pasan los meses y hasta los años para que un caso llegue a juicio y, después, para que haya fallo definitivo (entendiendo que hay apelaciones y más apelaciones)?"

Esa frustración es cada vez más frecuente y uno la ve, por ejemplo, en redes sociales cuando, por ejemplo, detienen a sospechosos de un delito "con las manos en la masa" (por un accidente, violencia familiar o por casos relacionados con drogas) y resulta que los liberan por tems de procedimientos (porque somos demasiados legalistas y vivimos en un país de derecho, es lo que nos dicen).

Conozco amigos o gente cercana que ha esperado mucho tiempo para que su caso se atienda con celeridad. Y algunos de sus expedientes pasan de juzgado en juzgado o, si están en uno solo, duermen el sueño de los justos. 

Mientras aquí no haya voluntad de los diferentes sectores involucrados -desde políticos hasta judiciales- para que el sistema sea más eficiente y eficaz, sigamos viendo con asombro del bueno cómo en Nicaragua los casos se resuelven con mucha, pero mucha más rapidez.