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El deber de denunciar un delito

Ninguna ciudadana ni habitante alguno de Costa Rica está obligado a denunciar los delitos que conozca. A lo que está obligado es a acudir a los estrados como testigos de un hecho criminal que hayan presenciado. Ese es un deber jurídico ineludible.

Juan Diego Castro 30/4/2015 05:17

Ninguna ciudadana ni habitante alguno de Costa Rica está obligado a denunciar los delitos que conozca. A lo que está obligado es a acudir a los estrados como testigos de un hecho criminal que hayan presenciado. Ese es un deber jurídico ineludible.

Los funcionarios y los empleados públicos sí están, ética y legalmente, obligados a denunciar todos los delitos (de acción penal pública) que conozcan, en el ejercicio de sus cargos.

Los directores hospitalarios, los directivos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la presidenta ejecutiva, los auditores y todas las doctoras y doctores que trabajan en la seguridad social tiene la obligación de denunciar cualquier peculado, cohecho o coacción de la que se percaten o sospechen.

Es decir, los médicos -funcionarios públicos- que vieron a una colega llevarse equipos para cirugía bariátrica o a un galeno salir con bandejas para trasplantes, al hombro, tienen el deber legal de denunciar, penalmente, a esos delincuentes.

El artículo 281 del Código Procesal Penal es tajante. No hay duda.  Los funcionarios públicos deben cumplir el mandato de la ley; tienen que denunciar en el Ministerio Público.

Cuando los ciudadanos conocemos de hechos delictivos, podemos denunciar o no. Ninguna norma nos obliga. Las falacias y argumentos de espantapájaros, con las que exigen a los particulares denunciar a personas que han delinquido, no tienen razón ni fundamento.

Los altos jerarcas tienen una pléyade de asistentes, asesores, abogados, auditores, investigadores, salarios de cifras de seis números y sobre todo tienen las pruebas en su poder y la información de cada caso.  No hay excusa ni pretexto para responsabilizar a un civil para que les haga el trabajo por el que ellos cobran el sueldo que les pagamos los contribuyentes.  Eso es cinismo.

Lo más simpático de todo esto es que los cientos de fiscales del Ministerio Público pueden -si quisieran- arrancar una investigación con la mera notitia criminis, no necesitan de ninguna denuncia para iniciar un proceso penal por los delitos de peculado, corrupción o asociación para delinquir.

Lo que pasa es muy simple: hay muchos funcionarios a los que la corrupción les importa un bledo y como los fiscales viven tan atareados y mal pagados, no pasa nada.

De por sí, aquí, no hay escándalo que dure más de tres días y nadie es culpable si la causa se archiva.