Por Juan José Herrera 24 de noviembre de 2025, 14:37 PM

La subasta de radiofrecuencias que impulsa la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) se convirtió en un tema de campaña.

El anuncio de diferentes grupos radiofónicos que desistieron de participar en ese proceso generó una ola de reacciones entre los candidatos a la presidencia.

Uno de los primeros fue Boris Molina, de Unión Costarricense Democrática, quien incluso presentó un recurso de amparo contra la subasta.



Eli Feinzaig, del Liberal Progresista, fue más allá y señaló directamente al presidente Rodrigo Chaves por lo que calificó como un “concurso mafioso”.


Álvaro Ramos, de Liberación Nacional, cuestionó que el Gobierno busca priorizar los ingresos antes que la libertad de expresión.

“El Gobierno parece priorizar ingresos antes que la libertad de expresión. Esta subasta podría abrir la puerta a un oligopolio y silenciar voces fundamentales para la democracia”, aseveró.

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, pidió al Ejecutivo “rectificar” la subasta y corregir lo que calificó como “un error”.


Fernando Zamora, de Nueva Generación, aseveró que reconoce que las tarifas se deben actualizar, pero no en los montos que defiende SUTEL.


Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional, dijo estar completamente opuesto a la subasta de radiofrecuencias.


En el otro extremo, la aspirante de Pueblo Soberano, Laura Fernández, dijo que esperará al mensaje que el presidente Rodrigo Chaves ofrecerá este miércoles sobre el tema.

Sin embargo, adelantó que no pueden dejar que “siga la fiesta” con la explotación de las radiofrecuencias.

“Lo que le puedo decir por el momento es que no deberíamos dejar que siga la fiesta con 71 años de explotación de las frecuencias, un bien muy valioso y escaso que nos pertenece a todos, y que han sido explotadas por años prácticamente gratis por empresarios que lucran con ellas haciendo millones”, aseveró.

Finalmente, el diputado y candidato Fabricio Alvarado, de Nueva República, anunció este lunes la presentación de un proyecto de ley que obligue al Estado a otorgar frecuencias gratuitas "a quienes hasta hoy han operado de forma exclusiva para difundir el mensaje del evangelio, de esta manera garantizamos que los costarricenses puedan recibir la palabra de Dios y el mensaje cristiano".

Para lograrlo, el proyecto defiende que estas empresas se conviertan en asociaciones civiles sin fines de lucro y que, en el momento en que alguna lucre con su contenido, se retire la concesión.

“Duele ver que en el afán de traer precios más razonables, con lo que estamos de acuerdo, privó también la intención de golpear a algunos medios grandes de comunicación, que al final fueron los únicos que pudieron participar porque tienen el capital financiero", dijo Alvarado.

El Ejecutivo afirmó que el miércoles, en la conferencia de prensa semanal, Chaves aclarará diferentes informaciones sobre el tema.

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