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Criminalidad: una amenazante sombra que no se disipa

Mega operativos y más droga decomisada son algunos de los pasos más importantes en materia de seguridad ciudadana en el último año, pero expertos creen que todavía falta mucho para volver a la tranquilidad de tiempos pasados

Por Rodolfo González |29 de abril de 2019, 0:23 AM

La escena era dantesca: a un lado de la vía principal los cuerpos quemados de dos jóvenes fueron hallados por vecinos de la localidad de Jericó de Desamparados. 

Una imagen aterradora e impactante para quienes los descubrieron mientras realizaban una caminata un sábado santo.

La evidencia física apuntó a que ambos fueron asesinados en otro sitio pero llevados  hasta ese punto para ser quemados con gasolina. Se cree que este hecho es un ajuste de cuentas del crimen organizado.

Al día siguiente de ese hallazgo, la tradicionalmente tranquila y bucólica comunidad de Orosi de Cartago fue sacudida por otro doble homicidio. 

Oldemar Méndez, conocido en el pueblo cariñosamente como "Machón", y su hijo William, murieron tras ser atacados con arma blanca por dos hombres cuyo paradero actual es desconocido.

Ambos casos, separados por una treintena de kilómetros, no guardan relación entre sí, pero coinciden en aumentar la lista creciente de homicidios dolosos en Costa Rica, la cual ha sido motivo de preocupación desde hace ya varios años.

Según datos estadísticos, la tendencia de los últimos años en el país ha sido una tasa de homicidios superior a los 10 casos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra está muy por debajo del promedio de la región, pero también bastante lejos de la que se registra en países europeos.

El 2018 cerró con una tasa de 11,7 por cada 100.000 personas, ligeramente más baja que la del 2017 con 12.

Al terminar el año, el Ministerio de Seguridad Pública festejó la disminución de los asesinatos en términos absolutos, pero como los números lo dicen,  en lo relacionado con la tasa, ese decrecimiento es casi imperceptible. 

En otras palabras, los homicidios deben seguir siendo considerados una amenaza presente. 

En el primer trimestre del presente año, hubo menos asesinatos que en el mismo período del año anterior. Si la tendencia se mantiene, la tasa a final del 2019 podría no ser tan alta como la del 2017, pero difícilmente estaría por debajo de 10.

Luis Fishman, exministro de Seguridad Pública, sostiene que un gobierno no debe atribuirse completamente una disminución de tasas, pues la criminalidad tiene muchas causas.

“Así como no tiene sentido presumir el que la tasa baje, tampoco puede ser culpado totalmente por un incremento”, aseveró Fishman, quien no cree que la estrategia implementada con los megaoperativos sea un mecanismo que cambie de manera significativa el tema.

Desde que inició la administración de Carlos Alvarado, su ministro de Seguridad ha sostenido que una de las razones principales de los megaoperativos es generar una sensación de protección que da el hacer visible la labor policial, lo cual a su vez ayuda a disminuir la incidencia criminal.

Sin embargo, con esto solo se ataca una parte del problema, pues además de la delincuencia común también está el crimen organizado.

En una amplia entrevista con el programa 7 Días Radio, el jerarca de esa cartera, Michael Soto, añadió que una de los principales razones que están detrás de los homicidios dolosos es la pugna entre bandas narco por ganar territorios o mercados.

Escuche la entrevista completa aquí: 

El analista en temas de seguridad, Álvaro Ramos, coincide en que los mega operativos han sido un acierto, pues la presencia de policías en la calle invita a los delincuentes a pensarlo dos veces antes de cometer un asalto.

Ramos sí sostiene que en el tema de impunidad no hay un balance positivo. Advierte que en ese punto el Poder Judicial tiene un rol clave, pero el Ejecutivo no ha sido tan enérgico en señalar el problema.

“La impunidad no es responsable directamente de los policías; pero, políticamente hablando, el Gobierno  es responsable por no protestar ni llamar la atención al respecto”, dijo el analista.

Lucha contra el narco y lavado de dinero

El año pasado se rompió el récord de decomiso de cocaína por parte de las autoridades costarricenses llegando a superar las 30 toneladas. 

El Ministerio de Seguridad lo ve como un paso exitoso; sin embargo, hay otros que dicen tener una visión más realista.

Luis Fishman piensa que esos decomisos tienen realmente un impacto mínimo en el mapa total del trasiego.

“Por cada kilo que se decomisa pasan 10 o 15 que no son detectados”, sostiene el exministro. 

Fishman piensa que lo más inteligente es impulsar con más ahínco el proyecto de extinción de dominio, el cual busca detectar patrimonio que crezca de manera sospecha y quitárselo a quienes no logren explicar ese incremento anómalo.

El proyecto lleva años discutiéndose en la Asamblea Legislativa y apenas hace unos días se dictaminó un nuevo texto sustituto.

En la página 133 de su plan de gobierno, el Partido Acción Ciudadana proponía revisar el marco legal para evitar que las loterías electrónicas no fueran un mecanismo para facilitar el lavado de dinero y la legitimación de capitales, pero esto no ha sido prioritario ahora que quienes lo proponían están en el Gobierno.

Control de armas

En lo que sí hubo un avance cuantificable fue en el tema de control de armas, otra propuesta que se halla en el mismo plan de gobierno del PAC. 

Apenas hace unas semanas, el Parlamento aprobó una legislación que aplica más mano dura si alguien es sorprendido con armas prohibidas, así como por tener armas legales pero sin inscribir. 

Si bien esto fue aprobado por la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo estuvo muy activo impulsando los cambios.

En este mismo campo se redujo la cantidad de armas de fuego que puede tener inscrita una misma persona: paso de tres a dos, esto resultó algo parecido a una decisión salomónica pues el Ministerio de Seguridad impulsaba que fuera tan solo un arma por persona física, mientras que los grupos que apoyan la tenencia sostienen que era necesario mantener la cifra en tres.

En ese punto, Ramos fue crítico pues sostiene que se apuntó en la dirección incorrecta al promover un desarme entre los ciudadanos, frente a una amenaza creciente.