Jueza libera a alcaldes investigados en caso Diamante
Los jerarcas municipales enfrentarán la audiencia de medidas cautelares, pero en libertad.
El Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública levantó, este miércoles, la detención de los seis alcaldes investigados en el caso Diamante.
Los jerarcas municipales tendrán que enfrentar la audiencia de medidas cautelares y seguir apegados al proceso, pero en libertad.
La decisión fue tomada tras una solicitud de los defensores, quienes alegaron que no tenía sentido mantenerlos en celdas judiciales si el Ministerio Público no había solicitado prisión preventiva en su contra.
"Una vez que el Ministerio Público terminó de exponer, los abogados defensores, inmediatamente, le solicitamos a la jueza la liberación, por lo siguiente: si el Ministerio Público no está pidiendo prisión preventiva, automáticamente se torna innecesaria la detención de los implicados.
"No tiene sentido que ellos estén en condición de detenidos, sumado al gasto de recursos que significa tener aquí, no sé, a 20 o 30 funcionarios de Cárceles, escoltando a los detenidos y toda la logística que ello significa", explicó Federico Campos, abogado de Johnny Araya.
Glen Calvo, fiscal adjunto anticorrupción, confirmó la resolución a Telenoticias y Teletica.com.
"Nosotros nos opusimos, explicando que habíamos pedido medidas cautelares, que no habían sido dictadas, pero que íbamos a ser respetuosos de la resolución que la jueza emitiera", comentó.
La audiencia se suspendió mientras se concreta la liberación de los alcaldes, pero se retomará a las 3 p. m. con ellos presentes en la sala.
El Ministerio Público pidió medidas cautelares alternas contra Johnny Araya Monge (San José), Mario Redondo Poveda (Cartago), Alberto Cole de León (Osa), Alfredo Córdoba Soro (San Carlos), Humberto Soto Herrera (Alajuela) y Arnoldo Barahona (Escazú). La solicitud incluye la suspensión del cargo por ocho meses, impedimento de salida del país, firmar ante el despacho y no comunicarse con testigos.
"Acordémonos que los alcaldes son funcionarios públicos electos por voto popular. Para nosotros es sumamente importante, debido a que la suspensión del cargo evita que continúen en su actividad delictiva y, además, sienta un precedente para las demás personas de elección popular. Es algo que casi nunca, o nunca, se ha dado en el país, consideramos que es la medida más gravosa que se podía determinar, sacarlos de su trabajo completamente", explicó el fiscal anticorrupción.
La prisión preventiva solo se pidió contra uno de los detenidos, de apellido Gutiérrez, quien es funcionario de la constructora MECO.
Todas estas personas fueron aprehendidas el lunes como sospechosas de cometer presuntos hechos de corrupción relacionados con la contratación y construcción de obra pública cantonal.
Las autoridades investigan los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, incumplimiento de deberes, asociación ilícita y penalidad del corruptor en perjuicio de los deberes de la función pública.
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