Por Juan José Herrera |20 de julio de 2021, 17:15 PM

Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos finalizaron este martes con el análisis de las 48 mociones de fondo presentadas al expediente 21.522, que defiende la condonación de deudas a cientos de trabajadores independientes y patronos.

El proyecto había sido bombardeado con propuestas de reforma en su mayoría presentadas por el frenteamplista José María Villalta (44), quien planteó serios cuestionamientos a la iniciativa presentada por el socialcristiano Pedro Muñoz.

El principal es que este perdón sería irrestricto, es decir que podría incluir a deudores que simplemente no quisieron honrar sus obligaciones o bien que estafaron a la seguridad social.

Sin embargo, la tesis de la mayoría de la comisión es que esas reformas endurecerían tanto esa condonación que terminaría por no cumplir con el objetivo último de ayudar a los deudores que, en medio de la pandemia, han caído en la morosidad.

La propuesta, en general, defiende esa condonación como una forma de reducir la creciente informalidad en el país. Para lograrlo, pretende condonar el principal, multas, recargos e intereses por cuotas de aseguramiento no pagadas, lo mismo a los aportes patronales a IMAS, INA, Fodesaf y el Banco Popular.

De todas las mociones discutidas hoy solo fueron aprobadas dos: la primera relacionada con el artículo 1 donde se establece que en el caso de los patronos, se busca autorizar a las entidades públicas para que tramiten y otorguen una condonación que comprenderá el principal y las multas sanciones o intereses de los montos adeudados antes la entrada en vigencia de esta legislación.

Mientras que la segunda se refiere al transitorio que plantea que la CCSS, conforme a su autonomía y en un plazo de 90 días contados a partir de la aprobación de esta ley, procederá a hacer los ajustes en sus sistemas de información, así como a reglamentar las condiciones, requisitos y trámites necesarios para la implementación de esta condonación.

Mientras tanto, se rechazaron otras como la que defendió el oficialista Enrique Sánchez, que pretendía impedir que una empresa condenada por defraudar a la seguridad social pudiera beneficiarse de este perdón, sin embargo, la moción fue rechazada aduciendo razones de constitucionalidad.

El plazo de vigencia de esta ley se empezará a contabilizar una vez que la Caja Costarricense de Seguro Social cumpla con el reglamento y modificaciones necesarias para su implementación.

El proyecto pasará al Plenario para su discusión final.