Diputados aprueban beneficios fiscales para atraer a “nómadas digitales”
La extensa discusión y votación de este proyecto impidió que se votara este lunes el préstamo con el FMI, que quedó pactado para mañana.
Luego de meses de discusión este lunes finalmente quedó aprobado en primer debate el expediente 22.215, que busca atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional mediante una serie de beneficios fiscales.
La iniciativa, impulsada por el liberacionista Carlos Ricardo Benavides y dictaminada desde diciembre anterior, pretende que los llamados “nómadas digitales” vean en Costa Rica un destino atractivo más allá de sus bellezas geográficas y naturales.
Para esto se creará una categoría de trabajador o prestador de servicios de manera remota, que entre otras elimina la necesidad de que el extranjero deba salir del país cada tres meses como sucede actualmente, sino que otorga visas de hasta un año con posibilidad de extenderlas por un año más.
Además, estas personas gozarán de exenciones fiscales como el pago de renta sobre sus ganancias o la facilidad de traer su equipo de trabajo al país.
Los nómadas digitales son personas cuyo ingreso no podrá ser inferior a los $3.000 mensuales si viaja solo o $5.000 en caso de que viaje con su familia.
“Nuestro objetivo es que por muchos meses alquilen su hospedaje en hoteles, villas o apartamentos, visiten nuestros parques nacionales, consuman en restaurantes, realicen compras en supermercados y diversos comercios, recorran el país y gasten sus recursos en diversos servicios comerciales y profesionales en nuestras comunidades”, dijo Benavides.
El legislador explicó que la iniciativa no traería competencia a los trabajadores costarricenses, pues estos nómadas ingresan al país con contratos ya establecidos con empresas extranjeras.
Benavides estima que con cada 10 mil familias de nómadas digitales Costa Rica podría inyectar $600 millones al año.
Cambios
El frenteamplista José María Villalta, único en votar en contra de la iniciativa, consiguió que se le aprobaran hoy cinco mociones de reiteración.
Entre estas hay una que limitaba el plazo de los beneficios fiscales al beneficio migratorio concedido por las autoridades y otra que define que estos se eliminarán de manera inmediata si Migración decretara la cancelación de la condición de beneficiario.
También se aprobó una modificación para que los beneficiarios deban cancelar impuestos en el caso de traspasar bienes que gozaron de exenciones y que si estos realizarán labores distintas a los que la ley define deberá pagar todas las obligaciones tributarias correspondientes, incluyendo eventuales intereses y sanciones.
Esos beneficios tributarios únicamente serán para el trabajador o prestador de servicios, no así para sus familiares.
Ampliación de permisos para ocupantes de zonas especiales
Este lunes también se aprobó en primer debate el expediente 22.557, que amplía en 48 meses la protección de los ocupantes de zonas clasificadas como especiales.
Los diputados habían señalado la urgencia por aprobar este proyecto ante el vencimiento del plazo que existía para desalojar a los ocupantes de esas tierras y la crisis provocada por los efectos de la pandemia del COVID-19.
El desalojo previsto para este mes de julio y la demolición de las obras construidas en estas zonas quedaría entonces suspendido para en la Zona Marítima Terrestre, Zona Fronteriza y Patrimonio Natural del Estado.
Según la iniciativa, durante la vigencia de la moratoria el Estado no deberá permitir que se den nuevas ocupaciones en dichas zonas; además, se autoriza a las municipalidades para que apliquen la moratoria y se establece que en estos 36 meses el Estado deberá tomar las medidas óptimas para el ordenamiento de esas zonas.
La discusión de estas dos iniciativas impidió que hoy se discutiera, como estaba previsto, el préstamo por $1.778 millones con el Fondo Monetario Internacional, que se verá mañana martes en la sesión del Plenario.