Por Luis Jiménez |23 de junio de 2021, 11:08 AM

Las medidas cautelares contra 28 imputados en el caso “Cochinilla” se dictarán hasta el sábado 26 de junio.

Ese día a la 1:30 p. m., el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública resolverá las medidas solicitadas por la Fiscalía.

Erick Gatjens, abogado de Mélida y Sonia Solís, confirmó que la resolución se conocerá de forma presencial.

“Hoy nos convocaron a las 8:30 a. m. para que la Fiscalía expusiera su posición sobre la prueba que presentamos y me llamó la atención, porque se suponía que nos iba a tomar toda la mañana en la réplica de la Fiscalía, pero tardaron cerca de una hora”, dijo Gatjens.

Sobre sus defendidas, Gatjens dijo que solo hubo una confusión por el nombre de la empresa para la que Sonia laboraba y esta se aclaró; mientras que en el caso de Mélida no se hizo referencia alguna a las pruebas presentadas.

También dijo que esperaban que la Sala Constitucional resolviera, antes del sábado, los recursos de habeas corpus, debido a lo que consideran una detención indebida. El representante legal presentó uno, alegando la violación de los derechos de Sonia Solís.

“Me parece que aquellas personas para quienes no se pidió prisión preventiva, la detección es arbitraria e ilegítima, ellos llevan dos semanadas detenidos y no hay justificación", comentó Gatjens.

También criticó que la jueza dictó prisión preventiva instrumental, pero no definió un plazo, lo que considera una violación porque no puede existir una privación de libertad indefinida.

Los imputados cumplirán así 15 días en celdas judiciales desde que inició la audiencia.

“A pesar de que mi cliente Alister Cervantes esté tanto tiempo en detención, estamos esperanzados en la administración de la justicia porque creemos haber demostrado que él no ha cometido ningún hecho ilícito, ni delito, además no se ha aportado prueba en su contra de ningún tipo para tenerlo como parte de una organización criminal. Tampoco tiene peligros procesales”, dijo el abogado Rodrigo Araya, defensor de la empresa constructora Dicooc.

Araya espera que el señor Cervantes quede en libertad y se le dicten medidas cautelares distintas a la de prisión preventiva por un año, tal y como lo solicitó la Fiscalía.

“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que, contra 16 personas imputadas (funcionarios públicos) en la causa 19-000025-1218-PE, solicitó las siguientes medidas cautelares: no acercarse a los testigos de la causa al menos a 500 metros, firmar una vez al mes, prohibición de salir sin autorización del país y la inhabilitación del cargo para quienes son funcionarios públicos”, indicó el Ministerio Público.

Además, para quienes no son funcionarios públicos se pidió ordenar la prohibición de realizar contratos con la Administración Pública. 

La semana anterior, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado prisión preventiva por un año para 14 de los imputados, quienes serían funcionarios y dueños de empresas constructoras.

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