Presidente de la Corte señala estrategia mediática contra la Sala en reforma a empleo público

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, señaló hoy que existe una estrategia mediática para contrarrestar a la Sala en la reforma al empleo público que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa.

La posición fue expresada este viernes por el magistrado en el programa Desayunos de Radio Universidad.

Ahí, Cruz aseguró que el constitucionalista Rubén Hernández “cambió para otra visión” y se convirtió “en el ideólogo de todo este planteamiento de la ley de empleo público, porque había que tener una voz que pudiera legitimar la pretensión o visión constitucional que los señores y señoras diputadas se plantean en este momento”.

“Entonces sí cumple una función importante (Hernández), respeto su opinión y punto de vista, pero sí había que crear en esta estrategia de medios de comunicación una voz que pudiera contrarrestar los precedentes de la Sala y la decisión de la Sala que los jueces no pueden estar discutiendo. Don Rubén es como un juez en el exilio”, afirmó.

La acusación de Cruz es porque, según él, el constitucionalista defendió en algunos de sus libros que la fijación de salarios es parte de la independencia judicial y por lo tanto debería respetarse.

“Yo no he publico nada que haya dicho eso, mis libros ahí están y en ninguno digo eso. En segundo lugar yo no puedo ir contra de lo que dice la Constitución porque esta es muy clara en el 156 donde dice que el Poder Judicial está sometido al Servicio Civil, así lo dice expresamente.

“Una cosa es que no les guste lo que dice la Constitución, pero otra muy diferente lo que dice, porque es muy clara donde dice que todos están sujetos a un sistema estatutario, léase una ley de empleo público, entonces yo creo que basta con leer la Constitución. Si lo que quieren es sustraer al Poder Judicial de todas las regulaciones es un deseo muy noble, pero va en contra de la ley”, ironizó Hernández.

​Cruz aseguró durante el conversatorio que su posición no es para defender los salarios de la cúpula judicial, que aseguró hoy tienen un tope de ₡5.2 millones (para empleados nuevos).

“Es para defender un principio en que los salarios se fijan por parte del Poder Judicial conforme a criterios técnicos de razonabilidad, ese es el principio.

“Eso está topado (los salarios) y algunos magistrados recientemente nombrados se les impuso ese límite. Entonces tampoco el tema es disciplinar los salarios más altos, que deben ganar muy bien por supuesto, pero ese no es el tema. Y desde el punto de vista fiscal, esos salarios tampoco tienen incidencia en el déficit fiscal”, aseguró.

El magistrado también aseguró que “entiende la angustia fiscal” que sufre el país pero que esto le trae muchas interrogantes.

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“Por ejemplo respecto de quién vamos a fijar los salarios. Aquí se presume que los salarios más bajos son los justos, y que los que están arriba son los malos. Esa es una de las veredas erróneas de la ley, porque yo no puedo decir que los que ganan más ese es el salario injusto, podría ser al revés, pero como todo va a la baja se hace esa presunción”, añadió.

También reclamó la pretensión que tiene la ley de que si una institución financia estudios de posgrado a un trabajador este no puede cobrárselos a la entidad.

“Eso me parece que es devaluar el esfuerzo de la persona, porque no es solo la financiación, es también todo el esfuerzo detrás”, finalizó.