Caso UPAD: inicia apertura de celulares y computadoras del Presidente
En febrero de 2020, la Fiscalía allanó Casa Presidencial y decomisó los aparatos electrónicos de Carlos Alvarado.
Este lunes 11 de enero inicia la apertura de los teléfonos celulares y las computadoras del presidente de la República, Carlos Alvarado, por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Esta oficina se habría creado por una orden del mandatario, a principios de 2019: su función era conseguir todo tipo de información sobre los ciudadanos costarricenses, tanto confidencial como de entidades del Gobierno.
El Ministerio Público confirmó a Teletica.com que la apertura de evidencia relacionada con este caso se realizará a partir de hoy y se extenderá durante las próximas dos semanas.
“La prueba a la que se dará apertura fue decomisada con aval de la Sala Tercera, en allanamientos realizados en febrero de 2020. A partir del lunes se abrirán todos los dispositivos tecnológicos decomisados para hacer el respaldo de la información que estos contienen. En ese momento, ninguna de las partes tendrá acceso a la información respaldada, eso se realizará después, cuando se haga el análisis de la información”, señaló la Fiscalía General.
Además, indicó que “si para el momento de análisis de la información respaldada se encuentra información relevante para la investigación, la misma se incluirá formalmente como material probatorio”.
“No es cualquier información la que las autoridades pueden sustraer para el caso, sino solo aquella que tiene vinculación con los investigados y relación con la UPAD. Aquí lo importante es que este procedimiento se haga en completo respeto y apego a los principios y garantías constitucionales y procesales conforme lo ha ordenado la Sala III”, dijo Roger Guevara, abogado defensor del Presidente.
En febrero de 2020, la Fiscalía allanó Casa Presidencial y decomisó los aparatos electrónicos de Carlos Alvarado.
Según confirmó el Ministerio Público, todas las partes del proceso, incluido el Ministerio Público, la Judicatura, los imputados y sus defensores, están obligadas a mantener la confidencialidad de las actuaciones.