Por Juan José Herrera |12 de noviembre de 2020, 14:39 PM

La comisión técnica de compras y contrataciones que analizó y autorizó los cuestionados contratos para la compra de mascarillas y otros insumos médicos, que ahora investigan la CCSS y el Ministerio Público, se encargó también de recomendarlos ante la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la institución.

Lo hizo a pesar de que la oferta formal para esos contratos ya se había cerrado y sin pasar por el visto bueno de los analistas de la propia Dirección.

Laura Díaz, analista de la Dirección, confirmó esta tarde a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos que originalmente se había solicitado oferta a una única empresa (HMG), sin embargo, poco después Miguel Salas, director del área, solicitó que se analizaran tres ofertas más.

Al final, la Dirección avaló las cuatro propuestas y solicitó formalmente las ofertas; sin embargo, de última hora y sin conocimiento del órgano la comisión incluyó dos ofertas más: la de la periodista española Miren Hernández y la del contador público David Landergren.

Esas ofertas, al final, serían también las seleccionadas.

Díaz explicó que en el caso de Landergren la oferta llegó vía correo electrónico con copia al asesor de la Gerencia de Logística, Hans Vindas; en el caso de MR Comunicaciones Políticas fue la propia Miren Hernández la que se presentó a la dirección con la oferta en físico.

Díaz aseguró que ella mismo le preguntó a Hernández cómo se enteró del concurso y quién la invitó, pero que en ese momento intervino el propio Vindas para decirle que aceptara la oferta y que luego de estos él y la comunicadora se quedaron conversando.

La analista aseguró que luego ella y su jefe, Minor Barrantes, se apersonaron a la oficina de Salas para comunicarle que había dos ofertas adicionales fuera de las cuatro originalmente presentadas, pero este dijo que venían acogidas por la comisión con razones que, según dijo Díaz a los diputados, no recuerda.

Por esta investigación, la CCSS ya disolvió la comisión en cuestión y mantiene suspendidos a cinco funcionarios, entre ellos el propio Vindas y el gerente de Logística, Luis Fernando Porras.