Miembros de la UPAD guardan silencio ante diputados

El excoordinador de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), Diego Fernández, guardó silencio este miércoles ante los cuestionamientos de la comisión legislativa que investiga el polémico decreto presidencial.

Tanto él como los asesores y analistas Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos se acogieron al derecho de abstenerse de declarar en virtud del proceso judicial que se sigue contra ellos y un importante número de funcionarios por el caso, incluido el propio presidente Carlos Alvarado.

Fernández, en una declaración inicial, sí defendió que no cometió delito alguno ni vulneró la intimidad o privacidad de ningún ciudadano: “hasta donde comprendo siempre seguí la ley”, dijo.

El exasesor presidencial sí declaró que sus funciones se concentraban en “brindar análisis y estadísticas a los responsables de las decisiones políticas” y que como consejero presidencial “su papel era aconsejar, no mandar”, por lo que todos sus argumentos eran sugerencias que luego acogían o no los tomadores de decisión.

Madrigal también hizo uso de su declaración inicial para defender los logros de la UPAD y, como muchos otros comparecientes, aceptó que la unidad nació por disposición del presidente Alvarado.

En su intervención aseguró que fue el análisis de datos el que permitió al Gobierno cumplir con la regla fiscal en el primer año de la reforma, al detectar posibilidades de recortes y verificar la óptima ejecución del gasto.

Añadió, además, que ese mismo análisis permitió realizar “miles de pequeños ajustes presupuestarios” para alimentar el fondo de emergencias durante los embates de Nate y Otto.

Por eso, lamentó que la iniciativa se detuviera y que ahora sea objeto de señalamientos.

"Señoras y señores diputados, costarricenses, miembros de la prensa, nueve personas que no rinden cuentas, algunos todavía ocupando sus puestos públicos, bajo el ala complaciente y protectora del Presidente de la República. 

"Nueve personas que evaden su responsabilidad con Costa Rica, que rehúyen a responder por sus actos ante la representación popular en este Parlamento, nueve personas que con sus actos y su silencio enlodan el buen nombre del servicio público", dijo la verdiblanca Silvia Hernández, que aseguró que no seguiría gastando recursos en preguntas que no tendrán respuesta.

La comisión UPAD aún tiene por delante una larga lista de comparecientes, el último de ellos el propio Carlos Alvarado.