Por Juan José Herrera |9 de noviembre de 2020, 19:33 PM

La diputada del Partido Acción Ciudadana, Nielsen Pérez, reafirmó este lunes su apoyo a la cuestionada creación de 2.000 plazas para los comedores escolares del Ministerio de Educación Pública.

La contratación, ya incluida en el presupuesto ordinario de 2021 que se discute en la Asamblea Legislativa, es parte de lo negociado en la convención colectiva del MEP, que desató una ola de críticas por su negociación sorpresiva posterior aprobación.

“Este apoyo responde a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio de comedores escolares, mediante la contratación directa por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) de unas 2.000 plazas de personas servidoras, que en su mayoría son mujeres jefas de hogar, en condición de vulnerabilidad”, dijo Pérez.

Precisamente este lunes varios diputados de oposición volvieron a criticar la negociación de esa convención y la creación de esas plazas, que aumentarían el presupuesto del MEP gracias a las cargas laborales y demás beneficios que hoy estas plazas no tienen pues son contratos privados que corren a cargo de las Juntas de Educación de cada centro.

“Actualmente, esas plazas se encuentran bajo contrato de las juntas de educación y juntas administrativas de varios centros de educación, que presentan problemas de incumplimiento en el pago del salario mínimo, irregularidades en los nombramientos y despidos injustificados, entre otros, problemática que no enfrenta el personal contratado directamente por el MEP”, justificó Pérez.

Este lunes tanto ella como su compañera de bancada Catalina Montero recibieron a un grupo de estas trabajadoras que se manifestó en las afueras de la Asamblea Legislativa para presionar por la aprobación del presupuesto que permita la creación de estas plazas.

Las autoridades del Ejecutivo han defendido que la creación de estas plazas en realidad significará un ahorro, sin embargo, diferentes proyecciones apuntan a que, a la larga, el crecimiento de los beneficios salariales y la antigüedad terminará por pasarle una factura más grande al MEP que al ahorro inicial.

El PAC ha insistido en que no contratar estas primeras 2.000 cocineras generaría una afectación a alrededor de 1.000 centros educativos y de 250.000 personas, entre niños, niñas y adolescentes.