Aprobado préstamo de $350 millones para obras viales
El crédito con el BID ayudará en la ampliación Taras-La Lima, la carretera a San Carlos y la vía San José – San Ramón.
Los diputados aprobaron esta tarde en segundo debate el préstamo por $350 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar tres importantes obras viales en el país: la ampliación de la Florencio del Castillo en el tramo Taras – La Lima, la carretera a San Carlos y la vía San José – San Ramón.
El crédito está divido en dos: uno por $125 millones para financiar el “Programa de Infraestructura Vial y Promoción de Asociaciones Público Privadas” y el segundo por $225 millones para terminar la nueva vía a San Carlos.
Los dos se enmarcan dentro del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CCLIP) del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana.
El primero incluye la intervención de esos tres kilómetros que tanto ha esperado Cartago y además seis obras impostergables (OBIS) del proyecto para ampliar la vía a San Ramón.
Este martes los diputados también dieron por aprobado el proyecto para prohibir la comprar de licor en la Asamblea Legislativa y la donación de las existencias actuales a una obra de bien social.
Se trata de alrededor de 1.500 botellas que actualmente están guardadas en los almacenes legislativos luego de años de compras.
Estas se rematarán para financiar el programa "Chepe se Baña", que ayuda a personas en situación de calle.
La restricción de compra de licor tiene, sin embargo, una excepción cuando se trata de actos protocolarios previamente autorizados por el Directorio Legislativo.
Otros expedientes
Este martes también recibió segundo debate el proyecto para inhabilitar pistas de aterrizaje clandestinas en el país.
La iniciativa de la diputada independiente Zoila Rosa Volio obliga a los dueños de las propiedades donde se encuentren este tipo de pistas a demostrar su legalidad en un plazo máximo de 10 días luego de la notificación; caso contrario, las autoridades solicitarían a un juez la orden de ingreso y se procedería a la inhabilitación, destrucción o demolición de la misma.
Ignorar esa respuesta podría acarrear, además, procesos de orden penal.
La iniciativa establece que si esa legalidad no se prueba las autoridades de Seguridad Pública y Aviación Civil serán las encargadas de la inhabilitación o destrucción de la pista.
Para este último camino el proyecto propone la siembra de árboles, el movimiento de tierra con maquinaria o, en caso último, el uso de dinamita.
Hoy también se aprobó la derogatoria del artículo 18 de la Ley Reguladora de la Investigación Biomédica, que permitía someter a personas con discapacidad a investigaciones biomédicas sin contar con su aceptación.
También inició la discusión de la liquidación presupuestaria del curso económico anterior, que posiblemente será improbada por los legisladores en seguimiento a los criterios del dictamen de la Comisión de Asuntos Hacendarios y la Contraloría General de la República.