Por Juan José Herrera |23 de julio de 2020, 10:26 AM

La Sala Constitucional resolvió, la noche de este miércoles, la consulta legislativa sobre el proyecto de ley para reactivar la pesca de arrastre de camarón en el país.

Los magistrados no encontraron vicios de inconstitucionalidad en los puntos consultados por 17 legisladores que se oponen a esa propuesta, detenida en el Congreso desde que se aprobara en primer debate en noviembre anterior con 26 votos a favor y 18 en contra.

“Se resuelve que el expediente legislativo no contiene vicios de constitucionalidad de carácter sustancial de procedimiento ni fondo, siempre y cuando, en el último caso, se interpreta que la reforma al artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura preserva de manera intacta las competencias que le corresponden a los órganos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente”, cita la resolución.

La Sala aclaró, sin embargo, que los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda y Anamari Garro salvaron el voto y resolvieron que el proyecto sí contiene dos vicios sustanciales del procedimiento legislativo por infracción a los principios de objetivación de la tutela medio ambiental y de desarrollo sostenible democrático; así como de publicidad y transparencia.

“Por el fondo, declaran que la reforma propuesta al artículo 46 de Ley de Pesca y Acuicultura implica una violación a los principios de progresividad y no regresividad en la protección ambiental”, añade el pronunciamiento.

Esa decisión de la Sala, aun así, permitiría que el cuestionado proyecto se vote en segundo debate si así lo deciden los diputados.

¿Qué es?

El expediente 21.478 busca reactivar la pesca de arrastre en el país luego de que esta práctica fuera vetada por la propia Sala Constitucional en 2013.

En esa decisión, los magistrados ordenaron que para que la reactivación de este tipo de pesca se diera debían existir estudios integrales que demostraran su verdadero impacto social y ambiental.

Melvin Nuñez, diputado de Restauración Nacional y principal impulsor del proyecto, defiende que los cuestionamientos sobre su viabilidad responden al anterior modelo de pesca y no al actual, que utiliza esclusas para que peces de mayor tamaño puedan escapar de las redes, solucionando así el problema con la llamada “fauna de acompañamiento”.

Sus detractores, sin embargo, insisten en que el estudio técnico del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) con el que se sustenta la iniciativa actual solo cumple con la crítica al daño a la fauna de acompañamiento, pero falla con todos los demás requisitos.

Esa iniciativa ha sido criticada por el propio Gobierno y por pescadores artesanales, que han señalado el impacto que esta práctica tiene en su labor.