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Si alguien intentara hacer una especie de mapa de la violencia sexual contra las mujeres en América Latina, sencillamente no podría. El sentido común dice que tendría que haber al menos algunas cifras disponibles sobre una realidad tan extendida como terrible. El sentido común se equivoca.

Dos casos de presuntas violaciones a niñas indígenas por parte de militares han escandalizado a la opinión pública colombiana, además de poner de nuevo el foco en el problema de la violencia sexual contra mujeres y niñas en la región latinoamericana. De su prevalencia, sí, pero también de la deficiente respuesta que le dan las autoridades en los diferentes países y, sobre todo, de la asignatura pendiente de la justicia.

"Tenemos una brecha de información gigante", critica en entrevista con DW Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos (CDR), con sede en Bogotá. "Si cruzas los datos del sector salud con los del sector justicia dentro de los países, ni siquiera se corresponden", lamenta esta especialista. "Es decir, ni siquiera dentro de los mismos países tenemos coherencia".

Eso no quiere decir que no haya ningún dato. En México, por ejemplo, entre enero y abril de 2020 se denunciaron 5.519 presuntos delitos de violación, 181 más que en el mismo período del año pasado. En Argentina se denunciaron en 2018 -último dato disponible- un total de 4.141 presuntas violaciones. En Perú, en lo que va de 2020, al menos 328 niñas menores de 14 años han tenido partos. Un gran número de los embarazos en niñas menores de 15 años tienen su origen en casos de violencia sexual.

"La mayoría de las víctimas no se atreve a denunciar", sostiene la peruana Gabriela Oporto, de la organización de derechos sexuales y reproductivos Promsex. Desde el CDR estiman que, igualmente que en Colombia, el subregistro es de más del 86 por ciento de lo que realmente sucede.

En ese contexto, la jurista Rosero explica que medir feminicidios -en este caso, también por su carácter mortal- o embarazos en menores acaba resultando más útil a la hora de ilustrar el alcance de las violencias machistas, ya que una estadística sobre violaciones o diferentes formas de violencia sexual parece imposible no caer en un subregistro importante de una realidad tan grave.

Para Oporto, las instituciones públicas tienen una clara responsabilidad en esta falta de recursos estadísticos que alimenta una peligrosa invisibilidad: "El Estado no toma en serio el problema de la violencia sexual y por eso no tiene estadísticas actualizadas o fieles que reflejen la gravedad del problema".

En el mismo sentido, Rosero pone el ejemplo de la segunda niña indígena presuntamente violada por soldados del Ejército colombiano, cuyo caso se remonta a septiembre de 2019 pero solo ahora ha salido a la luz. "Las autoridades dicen que han empezado las investigaciones, pero no ha pasado absolutamente nada. Ni siquiera la opinión pública conocía del caso", recuerda la abogada. Es por eso que, en su opinión, "exigirles a las víctimas que denuncien sus casos cuando ni el sistema de justicia ni el sistema de salud les dan una respuesta satisfactoria sería desproporcionado".

En el sistema interamericano, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará sobre los derechos de la mujer constató en sus revisiones de 2013 y 2016 que solo 13 de los 32 Estados parte disponían de protocolos de atención frente a la violencia sexual y 11 recababan información respecto a procesos legales por delitos en contra de las mujeres. Únicamente dos desagregaban los casos de violencia sexual contra las niñas. Pese a las muchas cuestiones pendientes, en comparación hay mucha más información respecto a los feminicidios o los embarazos de menores.

"Existe una normalización muy grande de estos hechos. Hay muchos espacios en donde se sigue creyendo que estas cosas pasan porque pasan y que es normal que esto suceda", lamenta Rosero. El estereotipo de las denuncias falsas también obstaculiza los avances en esta materia y la lucha contra la impunidad.

Y, pese a todo este desconocimiento, la información disponible, a nivel regional, nacional y local, sí permite a las expertas establecer conclusiones sólidas sobre cuál es la realidad de la violencia sexual en América Latina. Entre ellas está, cuenta la abogada de Promsex, que no importa la edad, estar ebria o llevar una determinada ropa. Ahí los datos derrotan a los prejuicios machistas. Otra certeza es que mayoritariamente -y sin embargo al contrario que en el caso de las niñas indígenas colombianas- el agresor es una persona cercana.

"En cuatro de cada cinco casos el agresor es alguien conocido por la víctima", dice Oporto. La colombiana Rosero añade que "esto significa que estamos pidiendo a la víctima que denuncie a su papá, a su abuelo, a su vecino, al conocido, cuando en muchos casos además les pueden decir que no les creen". O que una mujer denuncie a su pareja. En este sentido, el aumento de las denuncias durante la cuarentena impuesta por la pandemia del nuevo coronavirus demuestra, a juicio de Oporto, "que el agresor está en casa".