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El directorio legislativo rechazó esta mañana una moción para la dispensa de trámite de cuatro expedientes y con esto sepultó el último intento por frenar la entrada del IVA en la canasta básica.

A partir de este miércoles, los productos pagarán el 1% del impuesto de valor agregado, tal y como establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La moción, que reunía las firmas de los jefes de fracción de Restauración Nacional, Nueva República, PUSC, PIN, Republicano Social Cristiano, Frente Amplio y los independientes Ivonne Acuña y Erick Rodríguez, pretendía detener ese cobro y el de 4% para el sector turismo y construcción (también a partir de mañana), así como el cobro del IVA en alquileres, consumo eléctrico y agua potable.

La iniciativa, sin embargo, se estrelló contra la negativa de Servicios Técnicos, que argumentó que esa moción iba contra el reglamento legislativo, pues la dispensa de trámite se debe hacer proyecto por proyecto.

“Entendemos la importancia de dispensar esos proyectos y compartimos la idea de que así se haga en algunos, pero la urgencia no inhibe de cumplir con el reglamento de la Asamblea Legislativa, y el reglamento dice que la dispensa se tiene que hacer proyecto por proyecto, así que los insto a presentar esas propuestas de manera individual”, dijo el presidente legislativo, Eduardo Cruickshank.

La urgencia de la que habla el diputado es, precisamente, que a partir de este miércoles se gravarán los bienes de la canasta y también dos de los sectores más golpeados por la pandemia del COVID-19.

La intención de los legisladores era que esa dispensa se tramitara el viernes para votar este lunes en primer debate y, a más tardar, este miércoles en segundo.

Lo primero no sucedió ni ese día ni ayer, por lo que de tramitarse hoy la votación se debería extender, en el mejor de los casos, hasta el jueves.

La discusión provocó un amplio receso en el Plenario y una ardua discusión para tratar de encontrar una solución al problema.

El proyecto de moratoria del IVA en la canasta básica fue propuesto por el propio Gobierno con la condición de gravar con renta al salario escolar, pues aseguró que sería “poco responsable” recortar un ingreso sin generar nuevos ingresos.

Ese punto retrasó la discusión e impidió finalmente que se votara antes de su entrada en vigencia.

Ese expediente y los restantes tres deberán dispensarse de trámite o pasar antes por comisión, por lo que de cualquier forma los costarricenses deberán pagar esos nuevos impuestos hasta que así lo decidan los diputados y lo apruebe el Gobierno.