¿Pueden los diputados destituir a la Defensora de los Habitantes?

Ocho diputados de diferentes fracciones solicitaron este jueves al presidente de la Asamblea Legislativa conformar una comisión para investigar y eventualmente destituir a la defensora de los habitantes Catalina Crespo.

La moción de orden, firmada por Carmen Chan (Nueva República), Enrique Sánchez (PAC), Franggi Nicolás (PLN), Erick Rodríguez (Independiente), Shirley Díaz (PUSC), Wálter Muñoz (PIN) y Dragos Donalescu y Otto Roberto Vargas (Republicano Social Cristiano), es el primer paso que ordena el reglamento de la Defensoría para sacar a Crespo de su cargo.

La solicitud llegó en medio del informe anual de labores presentado este mismo jueves por la Defensora, una sesión que al final se concentró en el accionar de la institución en la investigación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y la deficiente labor que, según los diputados, ha tenido Crespo en el cargo.

Esas acusaciones, que se llenaron de solicitudes de renuncia contra la Defensora, podría adquirir formalidad en la creación de esa comisión, una decisión que el presidente Eduardo Cruickshank deberá tomar en menos de 15 días.

¿Cómo?

La Ley de la Defensoría de los Habitantes estipula en su artículo 6, inciso c, que la “negligencia notoria o por violaciones graves al ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su cargo” es una causa de cesación para el defensor(a) en el cargo.

Para tal fin se deberá crear primero esa comisión y luego dar oportunidad de defensa al funcionario señalado.

“Una vez finalizado el procedimiento, se presentará al plenario un informe sobre los resultados de la investigación. El Defensor de los Habitantes de la República podrá comparecer ante la Asamblea Legislativa a defender sus actuaciones.

“Concluida la discusión del mismo, el informe será sometido a votación. Si este es desfavorable a la actuación del Defensor de los Habitantes de la República, y es aprobado, el plenario podrá declarar por mayoría absoluta de los diputados presentes, la vacante del cargo”, cita el reglamento.

Los cuestionamientos contra Crespo no solo han surgido por su manejo del caso UPAD y la pérdida de 80 minutos del audio de la audiencia que tuvo con el presidente Carlos Alvarado, sino además por el supuesto manejo deficiente de sus obligaciones y el divorcio total que mantiene con buena parte del Consejo de Directores de la Defensoría.

“Déjeme decirle que en la historia de la Defensoría nunca había escuchado que eso pasara. El defensor o defensora y el consejo administrativo trabajan muy de cerca viendo cómo se resuelven las cosas, no concibo yo un trabajo en la Defensoría si no tengo un Consejo Director, especialmente si usted es nuevo o sabe poco del manejo político. Para mí es una maquinaria, y una máquina no puede trabajar sin una de sus partes”, sentenció la exdefensora Lisbeth Quesada.

“Yo les hago un llamado, como exdefensor de la República, a que bajen las partes sin consenso y eleven las que tienen acuerdo, por el bien de la institución pero sobre todo por el bien del país, que necesita una defensoría fuerte y unida, máxime en estos tiempos.

“Creo que la defensoría ha sido valiente en llevar una investigación por el tema UPAD y es un error debilitar a las instituciones de fiscalización y control. Tanto la Defensoría como otros órganos fiscalizadores no deben ser atacadas ni debilitadas en su gestión, porque esta situación afecta incluso la democracia del país”, sentenció el también exdefensor José Manuel Echandi.

Precisamente este viernes la Defensora se reunirá a las 9 a. m. con el Consejo Director, que la acusa de hacerlos a un lado y no rendir cuentas sobre los sonados cuestionamientos que pesan contra ella, su gestión y la institución.