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La decisión de suspender la lectura de medidores de agua durante dos meses por la pandemia, así como el mecanismo utilizado para calcular el consumo de los usuarios, generó una afectación a miles costarricenses elevando artificialmente el monto a pagar.

Esta nueva pifia por parte de Acueductos y Alcantarillados (AyA) trae a colación los múltiples problemas de gestión y ejecución que arrastra la entidad por años y que han sido señalados por reguladores, Defensoría, Contraloría y la Sala Constitucional. ¿Es necesaria una reingeniería profunda en esta institución?

Lilliana Carranza, directora de Estado Nacional abordó el tema con Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del AyA, Roberto Jiménez, Regulador General de Servicios Públicos y el diputado del PUSC Erwen Masis, miembro de la Comisión de Ambiente en la Asamblea Legislativa.