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Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público decidieron este jueves archivar la investigación contra el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social Román Macaya por el polémico acuerdo que firmó en febrero de 2019 con los sindicatos de salud y que permitió poner fin a una larga huelga en el sector.

El informe de mayoría, suscrito por siete de los nueve diputados del órgano legislativo, concluye que “que no se puede comprobar una irregularidad en la aplicación de Ley N. 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el acuerdo firmado por las autoridades de la CCSS y los sindicatos, esto (debido) a que la incertidumbre y el constante cambio en los decretos que definían el ámbito de aplicación de esta ley, no solo eran cambiantes, sino (que) se prestaban para interpretaciones diferentes”.

La investigación buscaba sentar responsabilidades por ese acuerdo que avaló el Poder Ejecutivo aún en contra de la posición de la entonces ministra de Hacienda Rocío Aguilar, quien se opuso rotundamente a la defensa que hicieron los trabajadores de la Caja para poder mantener el incremento porcentual en pluses salariales y anualidades en lugar de pasarlos a nominales, tal y como exige la reforma fiscal.

Ese acuerdo y otro posterior fue finalmente desechado por la Contraloría General de la República.

Los diputados firmantes de esa posición consideraron que el accionar de Macaya fue impulsado por el deseo de defender la institución y la confusión que existía sobre la recién aprobada ley.

El oficialista Luis Ramón Carranza, incluso, calificó de “héroe” al jerarca pues aseguró que esa decisión que permitió poner fin al movimiento social “salvó vidas”.

Esa tesis, sin embargo, no fue compartida por todos los diputados de la comisión.

Los liberacionistas Yorleny León y Carlos Ricardo Benavides presentaron un informe de minoría en el que sí acusan a Macaya de firmar un acuerdo contrario a la ley y recomiendan a la Contraloría investigar a los jerarcas involucrados en esa negociación para determinar si sus actuaciones provocaron un perjuicio a la hacienda pública.

Además, solicitaron al Ministerio Público abrir una investigación por perjurio contra la ministra de Planificación Pilar Garrido, ya que existe una preocupación de que esta haya dado falso testimonio al asegurar un desconocimiento absoluto y una nula participación en las negociaciones de ese acuerdo.

"En este caso en particular pudimos ver a un presidente ejecutivo, un ministro de la Presidencia, una ministra rectora en empleo público que decidieron apartarse de lo que estaba señalado en la ley para empezar a hacer negociaciones en contra de ese ley y ese esfuerzo país.

"Más allá de los acuerdos entre la Caja y los sindicatos este es un asunto de si la administración Alvarado está o no de acuerdo con la reforma fiscal y la conclusión es que no está, porque cada vez que tiene que tomar decisiones en los momentos de la verdad lo vemos desistir en esa posición rígida de acompañar esa decisión país", dijo León.

La recomendación de archivar dicha investigación llega en momentos donde la popularidad de Macaya y las autoridades de Salud se ha disparado debido a la gran respuesta que ha tenido el país de la pandemia del COVID-19.