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El Gobierno descartó oficialmente realizar pruebas de COVID-19 a los transportistas extranjeros que ingresen al país.

Este cambio en la rigurosidad de las medidas costarricenses fue el que permitió la aceptación del del plan fronterizo que, en primer momento, objetaron países como Panamá, Nicaragua y Honduras y, con esto, la reapertura de las fronteras.

La ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, explicó que el plan ya recibió la retroalimentación de las naciones vecinas.

El protocolo permitirá el ingreso de transportistas hasta almacenes fiscales especiales para la carga y descarga de mercadería.

Bajo este modelo se permitiría la estadía en el país por cinco días, no se realizará prueba COVID-19 y se rastreará el vehículo por GPS.

En tránsitos internacionales, se continuará realizando un convoy de seguridad con paradas en puntos específicos para satisfacer necesidades.

Daniel Salas, ministro de Salud, cuestionó lo confiable de realizar esas pruebas a los transportistas como una justificación a la decisión de eliminarlas.

“Haber hecho pruebas nos sirvió para saber qué estaba pasando con ellos en un tema de dinámica, pero con las pruebas actuales puede que salga negativa una y tres o seis horas después esa misma sale positiva, así habría que esperar más tiempo para seguir haciendo esas pruebas horas después, pero eso no es logísticamente viable en estos momentos”, dijo Salas.

El ministro explicó que para los transportistas costarricenses el requisito de ingreso se mantendrá, pues el riesgo con ellos es diferente, ya que no estarán bajo vigilancia como los extranjeros y sí tendrían contacto con otras personas como su familia, por ejemplo.