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Este lunes, el nuevo Ministro de Hacienda, Elian Villegas, envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de presupuesto extraordinario que planea una reducción del gasto por poco más de 62.000 millones de colones.

Esto, según Villegas, convencido de que el Gobierno “debe socarse la faja” ante la crisis que vive el país por la pandemia provocada por el COVID-19.

La acción se suma al recorte por más de 70 mil millones que el Gobierno ya había planteado en el primer presupuesto extraordinario.

Según indicó Casa Presidencial, en un comunicado de prensa, la disminución corresponde principalmente a recortes en partidas del presupuesto de Gobierno Central, reducción del pago de intereses -lo que es posible gracias a la sustitución por deuda barata aprobada por el Congreso- y a colocaciones de títulos realizadas a finales del 2019 en términos más favorables.

“El presupuesto extraordinario incluye además los ₡75 mil millones donados por el INS que permitirán al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) dar al menos 200.000 bonos Proteger a personas afectadas laboralmente por la pandemia”

Además de esto, este proyecto incorpora el pago de ₡33.000 millones del empréstito por $380 millones del Banco Interamericano para el Desarrollo con la Agencia Francesa para el Desarrollo.

Este fue aprobado por la Asamblea Legislativa para ser destinado a la CCSS, a fin de solventar la disminución de ingresos por caída de contribuyentes a la seguridad social.

El Ministro de Hacienda reiteró el compromiso manifestado de entrar a revisar con lupa el presupuesto para encontrar más oportunidades de contención del gasto.

Congelamiento aumento salarial

Este lunes, también, las autoridades firmaron un decreto “Reforma al artículo 9 inciso a) del Decreto Ejecutivo número 35730-MTSS, Creación de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público del 14 de enero de 2010”, con el cual pretenden congelan los aumentos de los funcionarios públicos a partir del 2021.

El decreto modifica el funcionamiento de la comisión negociadora de salarios y establece que al sobrepasar la deuda pública el 60% del PIB, como sucederá durante el año en curso, los funcionarios públicos no recibirán aumento salarial.

“Dicha medida generará un ahorro que crece cada año en al menos ₡23.000 millones. De modo que en el 2021 se estima una economía de ₡23.000 millones, en el 2022 de ₡46.000 y al 2024 de ₡92.000 millones.”

Según Villegas, debido a los gastos extraordinarios y caída de los ingresos, el déficit primario podría alcanzar 3,4% del PIB y el déficit financiero un 8,6% del PIB, estimándose que la deuda pública llegaría a un 67% del PIB al finalizar el 2020.