Por Juan José Herrera |20 de mayo de 2020, 18:07 PM

Los empleados del sector público, finalmente, sí recibirán el pago de anualidad de este 2020.

Así lo anunció este miércoles el Gobierno, luego de presentar un texto sustitutivo al proyecto 21.917, que proponía la eliminación del pago de esa remuneración por este año para así trasladar esos fondos a la atención de la emergencia generada por el COVID-19.

En su lugar, la iniciativa propone ahora que no se paguen las anualidades de 2021 y 2022.

“Ante una serie de dudas expresadas por los legisladores durante estos días con respecto al proyecto de ley que busca eliminar el pago de anualidades de los períodos 2019 y 2020, este miércoles se envió a los y las diputadas una propuesta de texto sustitutivo que plantea la eliminación del pago de la anualidad 2020-2021 y 2021-2022”, reza el comunicado.

Según la ministra de Planificación, Pilar Garrido, esto permitiría atender las inquietudes de los legisladores, al tiempo que generaría un ahorro para compensar los efectos económicos del COVID-19 e inyectar recursos al Fondo Nacional de Emergencias.

El problema con la propuesta inicial es que el Gobierno iniciará con el pago de esas anualidades a partir del 1° de junio próximo, eso dejaba a los diputados con poco más de una semana para tramitar la iniciativa.

La semana anterior, la propia Garrido y el presidente Carlos Alvarado habían enviado una excitativa pública a los legisladores para que le dieran trámite a ese expediente en virtud de lo proximidad de esa fecha.

Los diputados, sin embargo, acusaron falta de tiempo para su discusión y de claridad en la propuesta del Ejecutivo.

Este miércoles, tanto el ministerio de Trabajo como Mideplan, confirmaron que los trabajadores “ya se ganaron” la anualidad de este año y que ya esa evaluación de desempeño se había realizado, por lo que lo correcto era pagarlo.

Eso significa que la proyección de ingresos que había hecho el Gobierno por este rubro ya no llegará al fondo para la atención de la emergencia.

En su lugar, hoy se presentaron proyecciones por el orden de ₡44 mil millones para esos dos años, mientras que las instituciones autónomas trasladarían al Fondo Nacional de Emergencias un monto estimado de ₡23 mil millones.

Los diputados, de momento, no se han pronunciado sobre esta propuesta.