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Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron, este martes, dispensar de todo trámite el proyecto que aumenta la multa por irrespetar la restricción vehicular sanitaria.

El ‘trámite rápido’ recibió el visto bueno de los 49 legisladores presentes en la sesión que inició a las 10:00 a.m. en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños.

El acuerdo establece, incluso, que el expediente 21.895 se dispense de “su publicación y todos los plazos de espera”.

La propuesta, presentada por el Ejecutivo este martes, agrega a la Ley de Tránsito el artículo 95 bis, en el que se establece la restricción vehicular en casos de emergencia nacional previamente decretada.

“La limitación de la circulación vehicular, se señalará vía decreto ejecutivo, indicando las áreas o zonas, días u horas y las excepciones en las cuales se aplicará”, se lee en el documento que ingresó a la corriente legislativa.

La iniciativa también plantea sanciones más rigurosas a quienes irrespeten esta medida. Por ejemplo, la multa pasaría de categoría E a categoría C, lo que implica un aumento de 22.383 a 107.000 colones. 

Además, el infractor acumularía seis puntos en su licencia y perdería las placas temporalmente.

Reforma a la Ley General de Salud

Casi inmediatamente, el Plenario aprobó el mismo trámite rápido para el expediente 21.894, que reforma la Ley General de Salud. 

Ese proyecto establece una modificación al artículo 378: ​

"El omiso en el cumplimiento de las órdenes o medidas especiales o generales dictadas por las autoridades de salud, se le aplicará una multa fija de un (1) salario base, siempre que el hecho no constituya delito".

Esa multa podría ser mayor si se comprueba el incumplimiento a una medida de aislamiento. Esta es la gradualidad: 

  • Tres salarios base: a la persona sospechosa de padecer una enfermedad contagiosa, que aún sin presentar síntomas o signos evidentes de dicha enfermedad, sea objeto de orden de aislamiento en razón de ser contacto cercano a un agente causal de la enfermedad.
  • Cinco salarios base: a la persona que, médica o clínicamente, haya sido diagnosticada con una enfermedad contagiosa.

En caso de recibir el visto bueno de la Asamblea Legislativa, estas sanciones serían aplicadas por la autoridad sanitaria, en el caso de Costa Rica, el Ministerio de Salud. 

"Son iniciativas necesarias en este momento, a los costarricenses les está costando muchísimo entender la gravedad de lo que vivimos, parece que solo tocando el bolsillo. Todos estamos de acuerdo", aseguró María Inés Solís, jefa de fracción de la bancada socialcristiana.