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El Instituto Costarricense de Turismo prevé, en el mejor de los escenarios, una disminución de ₡24.000 millones en sus ingresos por el impacto del Covid-19 en el sector turístico mundial.

La proyección fue presentada días atrás por el instituto a los diputados de la Asamblea Legislativa junto a la solicitud de excluirse del proyecto PAGAR, que trasladaría el superávit de todas las instituciones estatales al Gobierno para el pago de la deuda.

Esa cifra se calcula suponiendo que la afectación de la pandemia cesará para el segundo semestre del año, si eso no sucede el golpe será mucho mayor.

“Estimamos, en ese, que es el mejor de los escenarios, una disminución de cerca de ₡24.000 millones, suma que representa cerca del 50% del presupuesto de Ingresos del ICT”, se lee en la misiva dirigida a los legisladores.

Antes del inicio de la emergencia, el instituto había sido uno de los primeros en apoyar la iniciativa y prometer el traslado de ₡14.000 millones.

“En caso de que estos recursos le sean quitados al ICT, implicaría un cierre técnico de la institución, lo que equivale a quitarle la materia prima al sector turístico, es decir, la capacidad de invertir en fortalecer el sector en las áreas de mercadeo y en otros apoyos diversos a las micro, pequeñas y medianas empresas, las que representan cerca del 94% del total de empresas del país”, dijo ahora el instituto.

El sector turismo aseguró que a partir del cierre de fronteras decretado la semana anterior el ingreso previsto para toda la industria es nulo, esa situación ha disparado el número de despidos en hoteles de todo el país en plena temporada alta.

Consenso

La solicitud del ICT es vista con buenos ojos por las diferentes bancadas, que entienden que privar al instituto de esos recursos en la coyuntura actual sería un error.

“Hay un consenso, creo que bastante claro de hecho, en que el ICT sea excluido de ese traslado. Por lo demás solo hay otra institución que nos compartió sus reservas a esa decisión, con las demás hay aceptación”, explicó el legislador liberacionista Luis Fernando Chacón.

Esa otra institución es la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), que representa a los principales proveedores de servicios y operadores de telecomunicaciones, públicos y privados, que operan en el territorio nacional.

La cámara aseguró que ese traslado atentaría contra el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), mecanismo que permite garantizar la universalidad y solidaridad del acceso a los servicios de telecomunicaciones de las poblaciones vulnerables.

“Ante la Emergencia Nacional decretada por el señor Presidente de la República, resulta fundamental garantizar la conectividad de los ciudadanos, en momentos en los cuales se ha comprobado el aumento de tráfico de datos, incremento en el uso del internet y las plataformas tecnológicas, como medios para realizar teletrabajo, recibir educación virtual, e interactuar con las personas, ante las recomendaciones de aislamiento social dispuestas por el Ministerio de Salud”, dijo la cámara a los legisladores.

Esa solicitud, posiblemente, también sea aceptada por los diputados.

El proyecto PAGAR fue presentado por el Poder Ejecutivo como una medida de atender la creciente deuda en el país, en ese sentido, los legisladores acordaron que esos montos, que juntos superarían los ₡200.000 millones, deber ser utilizados exclusivamente para ese propósito.