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La Presidencia de la República aceptó este viernes la operación de un equipo de cinco personas que llamaba a los ciudadanos con el fin de recabar datos.

En un comunicado de prensa, el ministerio confirmó que el equipo realizaba estudios de opinión pública sobre temas de realidad nacional, políticas públicas, proyectos de ley, gestión del Gobierno y otro.

El anuncio se produce pocas horas después de que el diputado socialcristiano Rodolfo Peña denunciara en el Plenario la existencia de un “call center” que trabajaba de manera paralela a la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Peña aseguró que esta “Upadcita” era liderada por Alejandro Madrigal y en ella operaban cinco funcionarios con cargo a la Presidencia: Elliot Montero Quirós, Jorge Madrigal Gómez, Lucrecia Ceciliano Méndez, Priscilla Quirós Salazar y Cristian Navarro González.

“Con el fin de considerar la opinión ciudadana en la construcción y generación de políticas públicas, un equipo de cinco personas, elaboraba llamadas para aplicar sondeos que permitían conocer la percepción de la población sobre diversos temas de la realidad nacional (…) Para ello, se realizaban sondeos aleatorios y anónimos a partir de un formulario de preguntas básicas, basadas en una temática de interés público”, explicó Presidencia.

“A las personas contactadas en ningún momento se les preguntaba información personal -como nombre, cédula, dirección exacta, ni mucho menos información financiera específica-, por lo tanto, se desconoce la identidad de la persona entrevistada y se garantizaba que sus respuestas eran anónimas”, añadió la misiva.

Según Presidencia, los números telefónicos se obtuvieron mediante una lista publicada por la Superintendencia de Telecomunicaciones y nunca se accedieron a base datos ni tampoco realizaron monitoreo o investigaciones en redes sociales.

El ministerio confirmó que el equipo estaba confirmado por cinco funcionarios con salarios entre los ₡415.000 y ₡430.000, pero no reveló sus nombres.

El diputado socialcristiano aseguró que este grupo dejó de operar el jueves anterior al allanamiento que realizó el Ministerio Público en Casa Presidencial y que desde entonces ninguno de los cinco funcionarios ha regresado a Zapote.

Peña criticó que el Gobierno no informara a la Fiscalía sobre esta unidad paralela e instó a la fiscala Emilia Navas a extender su investigación para incluir a este grupo.