Por Rodolfo González |28 de febrero de 2020, 18:50 PM

La UPAD si tuvo acceso a datos sensibles de la población. Esta es una de las conclusiones del informe presentado este viernes por la tarde por la Defensoría de los Habitantes, luego de seis de días de investigaciones en la que tuvo en la mira la labor de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

"El acceso fue al Sistema Nacional de Información y  Registro Único  de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE)" detalló la defensora, Catalina Crespo, quien agregó que estos fueron obtenidos luego de convenios entre Casa Presidencial e instituciones del Estado, las cuales, originalmente, resguardaban tales datos.

La Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales,  los datos sensibles son datos "de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, así como los relativos a la salud, la vida y la orientación sexual, entre otros". Su uso es completamente prohibido por la legislación.

"La Defensoría considera que deben de dejar sin efecto de manera inmediata esos convenios escritos entre la Presidencia de le República y las instituciones a las que se les requirió esa información" aseveró Crespo.

Estos convenios también incluyen al Tribunal Supremo de Elecciones y Registro de la Propiedad.

En el informe no se puntualiza que uso le dieron a esos datos sensibles. Crespo aseveró que esa es una tarea que ahora le corresponde a la Fiscalía General de la República.

Decreto ilegal

Además, la funcionaria señaló que el decreto que dio vida a la UPAD es contrario al ordenamiento jurídico, ya que no contó con la consulta ni con el asesoramiento experto en el tema de la protección de datos, ni contó con el protocolo de resguardo y protección de este tipo de información.

Adicionalmente, señaló que el equipo de personas que manejaron y analizaron datos antes de la publicación del decreto hicieron dicha labor sin ningún sustento jurídico, por cual era un equipo de "de hecho y no de derecho".

Crespo también indicó que la Agencia de Protección de Datos (PROHAB) fue omisa y no analizó la base de datos obtenida por la UPAD ni emitió alguna medida cautelar para detener ese manejo de información.

Vea la conferencia de Catalina Crespo en el siguiente vídeo.