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El Gobierno anunció esta tarde la decisión de derogar el polémico decretó que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

La gigantesca ola de críticas de diputados y otros sectores que denunciaron la intención del Ejecutivo de violentar la privacidad de la ciudadanía terminó enterrando la iniciativa presidencial, ideada en octubre anterior pero que adquirió oficialidad hasta este lunes anterior.

“La decisión se tomó con el objetivo de abrir un espacio de diálogo amplio sobre la necesidad de que el Poder Ejecutivo cuente con un departamento permanente de análisis de datos, que permita la ejecución de políticas públicas basadas en la estadística y la ciencia de datos”, dijo Presidencia en un comunicado donde reconoce que buscarán atender “las preocupaciones externadas por diversos sectores”.

Minutos antes la ministra de Comunicación, Nancy Marín, había defendido la propuesta y su legalidad, asegurando que esta no estaba por encima de la ley y por lo tanto no violentaba la privacidad y resguardo de información sensible de las personas.

“El decreto no está por encima de ninguna ley, aquí hay leyes que protegen la confidencialidad y privacidad de los datos aun cuando estén en la institucionalidad pública. El decreto no está por encima de las leyes, estas siguen rigiendo para todo el país, incluyendo el presidente de la República”, dijo.

El polémico decreto permitirá que la UPAD accediera a la información de todas las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada de manera irrestricta, en el sentido en que establecía la obligatoriedad de estas a brindar cualquier dato solicitado con excepción de aquellos considerados secreto de Estado.

Marín aseveró que el objetivo último de la unidad era recabar y procesar datos de interés para así generar política pública de manera más oportuna y eficaz.

“UPAD en realidad es un pequeño equipo de trabajo que ha venido trabajando en la Presidencia de la República con dos economistas y un estadístico que básicamente lo que han hecho es generar análisis de datos para generar política pública”, había dicho antes de la derogatoria.

Críticas y portillo

Esa intención del Gobierno de generar política pública a partir del análisis de datos no fue sin embargo bien recibida por los diputados de oposición, específicamente por esa obligación de las instituciones de entregar datos y también por su penúltimo artículo.

Este establecía que la UPAD tenía declaratoria de interés público como una forma de “asegurar el efectivo cumplimiento de sus objetivos”.

Esa declaratoria, sin embargo, es el portillo que diputados y expertos critican.

“La Ley de Protección de Datos establece determinadas excepciones al principio de autodeterminación informativa cuando se utiliza información por interés público. La ley establece que pueden establecer limitaciones cuando hay interés público por parte del Estado, entonces ellos (Gobierno) están construyendo la llave para abrir esa puerta”, aseguró Mauricio París, abogado experto en el tema de protección de datos.

Los legisladores no tuvieron reparo en lanzar airadas críticas al Gobierno y el Presidente por esa decisión.

“Acceso a datos confidenciales? Por decreto? En serio? Francamente no se sabe si es ocurrencia, malos propósitos o incapacidad. A quién en Zapote se le ocurre sugerir algo así? Lo que se impone es derogar eso de inmediato y echar a los de la idea”, dijo el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, presidente además de la Asamblea Legislativa.

“Esta oficina creada por el Presidente para a averiguar información confidencial de todos los costarricenses para fines políticos es ABSOLUTAMENTE INCONSTITUCIONAL y por eso estableceré acciones legales en la Sala IV. El régimen chavista llegó a Costa Rica”, dijo a su vez Jonathan Prendas, del bloque independiente Nueva República.

“Me parece que es una preocupación subsanada desde el inicio, porque las leyes son clarísimas, aquí no hay ninguna ilegalidad, el decreto no puede estar por encima de ninguna ley que además ya protegen y contemplan sanciones sobre la información confidencial que contempla al Estado”, respondió Marín antes de que el Gobierno echara marcha atrás, añadiendo que en caso contrario los diputados tendrían que otorgarle esa facultad al Presidente y que esa solicitud “no va a ocurrir en una democracia”.